24 de noviembre de 2025
Un contador procesado por liderar una "megausina de facturas truchas" acusó a Patricio Sabadini de "encubrimiento agravado" y omisión de deberes, al afirmar que habría ocultado pruebas que vinculan a familiares directos con una sociedad vinculada a la causa. El funcionario niega los cargos y sostiene que se apartó del tramo donde surgió el lazo familiar.
En el ojo de la tormenta. Sabadini quedó envuelto en medio de un escándalo por una causa de facturas truchas.
El fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, quedó bajo la lupa tras una denuncia por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El acusador es Walter Antonio Pasko, contador procesado como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal que habría montado una megausina de facturas apócrifas con la que se facilitó la evasión por cientos de millones de pesos.
Pasko lanzó la ofensiva durante su indagatoria, buscando apartarlo de la investigación y anular actuaciones clave.
La denuncia disparó una causa penal que avanza a paso lento por una telaraña procesal: Sabadini recusó al juez Ricardo Mianovich; el fiscal federal Luis Benítez se excusó por posible parcialidad; y la fiscal Elena Vázquez indicó que Benítez debe intervenir, elevando el conflicto de competencia a la Procuración General de la Nación.
En paralelo, Sabadini -quien niega las acusaciones- es conocido por impulsar causas sensibles contra Lázaro Báez, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y expedientes por presunto lavado ligados a allegados de Jorge Capitanich.
El eje de la imputación de Pasko es Inversiones Fratina SRL, creada en marzo de 2015 con $850.000 de capital (850 cuotas). Sus socios fundadores fueron Adriana Paola Sabadini -hermana del fiscal- y Bastien Patrick Aubert; desde el inicio figuró como directora gerente la madre del fiscal, María Laura Graciela Cisterna.
El capital se integró con un lote en Villa Centenario (Resistencia), valuado en $850.000 en el inventario de octubre de 2015 -entre US$66.000 y US$98.000 según tipo de cambio de entonces-.
Según la documentación societaria, los familiares de Sabadini realizaron operaciones a través de Inversiones Fratina hasta julio de 2021, cuando cedieron las 850 cuotas a Pasko y su esposa, Diana Yael Daniel, por $850.000.
La causa por la megausina se abrió en 2022. En diciembre de 2023, por pedido de la Fiscalía, la jueza Zunilda Niremperger allanó el estudio contable de Pasko y secuestró cajas con documentación, incluidos libros de Inversiones Fratina.
El 4 de enero de 2024, la escribana Mariana Ambrogi informó sobre la cesión de cuotas y la participación de la hermana y la madre del fiscal. El 12 de marzo de 2024, ARCA (ex AFIP) aportó informes relevantes.
Para la abogada Mariela Torres, la documentación exhibe "claros indicios de lavado de activos". En su presentación, afirmó que "el fiscal decidió encubrir" lo ocurrido en Inversiones Fratina SRL y detalló presuntas irregularidades: una venta inmobiliaria por US$130.000 cuando en balances figuraba por $850.000, "operaciones en efectivo" por US$105.124, presunta evasión tributaria y la configuración de una "sociedad cáscara".
Según Pasko, esos elementos comprometen a familiares directos y debieron activar medidas que -afirma- el fiscal omitió.
Del otro lado, Sabadini rechazó los señalamientos ante la prensa y en tribunales. Asegura que no mantiene vínculo con su hermana, que el nombre de la empresa no apareció en las actas del allanamiento -medida pedida por él- y que recién conoció la existencia de Inversiones Fratina y la cesión a Pasko cuando ARCA lo informó en el expediente.
"El señor Pasko plantea que oculté prueba que en realidad está cargada al expediente, lo que se puede cotejar por internet", indicó, y agregó: "Fui yo quien dio intervención a la exAFIP para analizar la documentación; así me enteré de esa sociedad en las cajas secuestradas y de que allí aparecía mi hermana, con la que estoy peleado hace años".
El fiscal sostiene que en julio elevó a juicio oral el tramo concluido contra Pasko y que, al conocer el vínculo familiar, se apartó del segmento de Inversiones Fratina, que quedó como investigación independiente a cargo de otra fiscalía.
La Cámara Federal de Resistencia rechazó su recusación contra el juez Mianovich por "enemistad manifiesta", al considerar que faltaron pruebas objetivas; ahora busca ir a Casación Federal.
Mientras se dirime quién interviene y cómo avanza cada tramo, el expediente combina acusaciones de encubrimiento, familiares del fiscal ligados a una sociedad clave, operaciones en dólares y una trama procesal ya escalada a la Procuración.
En el centro, persiste la incógnita: si hubo ocultamiento de prueba y lavado en torno de Inversiones Fratina SRL, y quién debe investigarlo.
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