Sucesos. Soja, carne y soberanía: El nuevo frente de guerra entre Argentina y la Unión Europea

La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su fuerte rechazo a una reciente decisión del Parlamento Europeo que extiende el plazo de entrada en vigor de la normativa 1115/2023, conocida como el Reglamento sobre Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés).

Esta medida, adoptada originalmente en mayo de 2023 y que debía aplicarse plenamente en diciembre de 2025, exige que productos como la carne vacuna, soja, cacao, café, aceite de palma, caucho y madera importados a la UE provengan de zonas libres de deforestación y degradación forestal posterior a 2020.

Además, requiere una declaración de "diligencia debida" que incluya trazabilidad georreferenciada, cumplimiento de la legislación local del país exportador y certificados ambientales estrictos.

¿Por qué afecta las exportaciones argentinas?

• Productos impactados: La UE es un mercado clave para Argentina, representando alrededor del 12% de sus exportaciones totales. En particular, la soja (harina y aceite) y la carne vacuna suman unos US$ 4.000 millones anuales en ventas al bloque europeo, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA). Para la carne, el promedio de exportaciones a Europa entre 2021 y 2023 fue de US$ 462 millones, equivalente al 14% del total embarcado.
• Clasificación de "riesgo estándar": Argentina fue calificada como país de "riesgo medio" en deforestación, lo que implica controles más rigurosos y costos adicionales para los exportadores (como segregación física de productos y sistemas de trazabilidad). Esto contrasta con países como EE.UU., clasificados como "bajo riesgo". El sector estima un impacto de hasta US$ 2.700 millones en el agro argentino, con el 5% afectando a la ganadería y el 0,03% a la soja.
• Barreras prácticas: La normativa impone multas de hasta el 4% de los ingresos netos por incumplimiento, decomiso de mercancías y prohibiciones comerciales. Para PyMEs exportadoras, los costos de certificación y georreferenciación son elevados, lo que podría desincentivar ventas y generar incertidumbre en la cadena de valor.

La postura de la SRA y el sector agropecuario

En un comunicado emitido este jueves 27 de noviembre, la SRA calificó la prórroga (que pospone la implementación hasta diciembre de 2026) como insuficiente y exigió una revisión total de los criterios. Argumentan que la norma actúa como una "barrera paraarancelaria" disfrazada de ambiental, ignorando la legislación argentina sobre bosques nativos (Ley 26.331) y el bajo nivel real de deforestación en el país (que ha disminuido un 78% desde 2010, según datos del INTA).

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, enfatizó que "es imprescindible que la UE reconsidere el alcance de la normativa, permitiendo que cada nación gestione sus recursos naturales como lo ha hecho históricamente".

Esta crítica se suma a un rechazo más amplio del sector: más de 40 entidades agroindustriales argentinas (incluyendo Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas - CRA, CIARA-CEC, Maizar y el Consejo Agroindustrial Argentino - CAA) han firmado documentos oponiéndose a medidas similares, como una posible "salvaguardia agrícola" en el acuerdo Mercosur-UE que podría restringir cuotas ya negociadas. Afirman que las exportaciones del Mercosur representan menos del 2% del mercado europeo, por lo que no justifican tales restricciones, violando normas de la OMC.

Próximos pasos

La prórroga fue impulsada por presión de países productores (incluida Argentina) y responde a la complejidad de implementar la trazabilidad global. Sin embargo, el agro argentino ya invierte en soluciones: plataformas como Visec (de CIARA) para georreferenciación de soja, y certificaciones de carne "libre de deforestación" exportada a Alemania en 2024.

A futuro, el sector busca reclasificarse como "bajo riesgo" ante la UE y homologar su sistema de monitoreo satelital.

Este conflicto se enmarca en las tensiones del acuerdo Mercosur-UE, ratificado en diciembre de 2024, que promete desgravar el 95% de aranceles, pero enfrenta resistencias europeas por temas ambientales.

Mientras tanto, exportaciones como los cítricos (que duplicaron las 100.000 toneladas en 2025) muestran que no todos los rubros agro están afectados, pero el foco está en soja y carne para evitar pérdidas millonarias.