Energía. El Gobierno concretó la privatización de las represas del Comahue y se aseguró más de USD 706 millones de dólares

Con la privatización de los complejos de represas de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, el Gobierno nacional obtuvo la suma de 706 millones de dólares, un monto considerablemente superior a los 500 millones que desde el Ejecutivo se estimaba obtener por la operación.

El proceso oficial, a cargo de la Secretaría de Energía junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, concluyó con ofertas finales que superaron ampliamente las proyecciones originales. El monto efectivo recibido por el Estado -US$ 706.885.298,49 - corresponde al conjunto de las ofertas presentadas para los cuatro complejos.

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La apertura de sobres se realizó la semana anterior. Las mejores ofertas correspondieron en su mayoría a operadores locales, desplazando la participación de actores multinacionales. Solo la concesión de Cerros Colorados requirió una ronda adicional de ofertas debido a que la diferencia entre las dos principales propuestas no alcanzaba el 10%. En esa instancia, la firma nacional Edison Inversiones presentó la oferta más elevada, lo que permitió avanzar hacia la adjudicación final.

El gobierno esperaba obtener alrededor de 500 millones de dólares por la privatización del complejo energético.

En cuanto a los beneficiarios, el complejo El Chocón-Arroyito fue adjudicado a la filial de energías renovables del Grupo MSU, conocida como MSU Green Energy (BML), que propuso una inversión inicial de US$ 235,7 millones y un compromiso adicional de US$ 230 millones para obras de modernización. Las represas Alicurá y Cerros Colorados también quedaron en manos de Edison Inversiones; mientras que la concesión de Piedra del Águila fue renovada a favor de Central Puerto.

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Las cuatro centrales adjudicadas poseen una capacidad instalada combinada de alrededor de 4.170 megavatios, lo que representa entre el 10 % y 15 % de la matriz energética nacional. Además, la concesión fue diseñada con nuevas condiciones: se incorporó un canon por uso del recurso hídrico a favor de las provincias, se ajustaron los criterios de regalías -que podrán percibirse en especie, en energía generada- y se exigió a los adjudicatarios que garanticen inversiones para el mantenimiento, modernización y operación segura de las represas.

El resultado de la licitación supera las expectativas oficiales y consolida una fuente de ingreso de divisas clave para el Estado, en un contexto de búsqueda de reservas internacionales. Más allá del monto, la adjudicación marca un giro en la gestión de activos estratégicos del país, con operadores privados nacionales al frente de centrales que abastecen una parte significativa del suministro eléctrico.