11 de diciembre de 2025
Detrás del discurso oficial de "progreso" y "mejores salarios", se multiplica el malestar de los mendocinos, que desconfían de los controles ambientales, del rol del Estado y de un modelo extractivista que se decide desde arriba y se justifica con promesas económicas que no terminan de llegar a la gente.
Aprobación exprés de San Jorge y festejo oficial en medio del rechazo social
Este martes, el Senado de Mendoza aprobó de forma definitiva las Declaraciones de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, lo que le otorga el aval político y administrativo al emprendimiento minero antes llamado San Jorge y lo deja en una etapa de viabilidad para ser desarrollado.
Lejos de mostrar cautela ante la sensibilidad social que generan estos temas, el gobernador Alfredo Cornejo salió a festejar y definió la votación como un "paso histórico", como si la discusión estuviera saldada y no existiera una parte importante de la ciudadanía profundamente incómoda con la minería metalífera en la provincia.
Este miércoles, en un acto en Godoy Cruz, Cornejo volvió al tema con un mensaje dirigido -al menos en los papeles- a quienes dudan de los controles del Estado. En la práctica, volvió a marcar una grieta entre quienes cuestionan la minería y el discurso triunfalista del Gobierno.
El propio gobernador dividió a la oposición social en dos bloques, deslegitimando de entrada a una parte de los críticos: "Hay algunas personas que están en contra pero de la minería en general, no les importan los argumentos. Pero hay otras que están en contra legítimamente, con dudas acerca de los controles. A ellos les quiero dar tranquilidad porque está preparado el Estado mendocino como nunca antes para hacer buenos controles. No solo de la minería sino de otras actividades extractivas", señaló.
El planteo deja flotando una idea incómoda: para el Gobierno, quienes rechazan de plano la minería son casi un estorbo ideológico, mientras que a quienes "dudan" solo se les ofrece un pedido de "tranquilidad" basado en la palabra oficial. No hay mención concreta a mecanismos de participación ciudadana, ni a auditorías independientes, ni a sanciones efectivas frente a posibles incumplimientos.
Cornejo insistió en que el Estado mendocino estaría mejor equipado que antes para controlar a las empresas, como si la sola existencia de más oficinas y agentes fuera suficiente para disipar la sospecha social.
El mandatario destacó que esa "preparación" se debe a contar con "más capacidad de control de la que teníamos hace 10 años atrás" y puso como ejemplo que la provincia tiene "una policía ambiental mucho más fuerte y una mayor cantidad de inspectores, lo que da una mayor capacidad de inspección".
Sin embargo, muchos mendocinos escuchan estas afirmaciones con escepticismo: si durante años costó que el Estado fiscalizara incluso actividades menos complejas, cuesta creer que de un día para el otro esté listo para enfrentarse a una minería metalífera de gran escala, con empresas poderosas y altísimo impacto territorial.
Para justificar el avance de San Jorge, el gobernador se apoyó en el argumento económico clásico: la promesa de mejores salarios y derrame sobre el resto de las actividades.
"Cuando funcione va a aumentar el promedio salarial de Mendoza. Ojalá podamos hacerlo también con el petróleo no convencional el crecimiento del petróleo y eso también haga que aumente el promedio salarial, que si aumenta ayuda a los servicios, el comercio y otras actividades", afirmó.
El mensaje es claro: minería metalífera y petróleo no convencional como receta para subir el ingreso promedio. Lo que no se explica es quiénes se van a beneficiar efectivamente, qué tipo de empleos se generan, qué pasa con las economías regionales que pueden verse afectadas por el uso intensivo de agua y territorio, y cómo se reparte la riqueza entre la población y no solo entre empresas y sectores asociados.
Consciente de lo sensible del tema, Cornejo intentó un cierre más moderado, aunque sin hacerse cargo del clima de malestar social que atraviesa Mendoza cada vez que se habla de minería a gran escala: "Nos entusiasma pero no es nada para festejar, solo para seguir trabajando y queremos dar tranquilidad acerca de los controles no solo de la minería sino de otras múltiples actividades", sentenció.
El problema es que, mientras el Gobierno insiste en que "no hay nada para festejar", los hechos indican lo contrario: el oficialismo celebra un hito político para la minería, apura un proyecto largamente resistido como San Jorge / PSJ Cobre Mendocino y pide confianza ciega en el Estado que él mismo conduce.
En paralelo, una parte importante de los mendocinos se siente no escuchada, ve cómo se toman decisiones con fuerte impacto ambiental sin un verdadero consenso social y percibe que el modelo extractivo se impone con más marketing que debate.
El avance de San Jorge deja así una foto nítida: un Gobierno provincial que se muestra convencido y apura la agenda minera, y una sociedad dividida, donde el malestar y la desconfianza crecen cada vez que se les pide "tranquilidad" mientras se juega, otra vez, con el futuro del agua y del territorio mendocino.
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