País. El Gobierno rechazó la explotación petrolera en las Islas Malvinas y anticipa acciones legales contra el Reino Unido

A través de un comunicado de Cancillería, el Gobierno nacional rechazó un proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas, (que involucra a una compañía del Reino Unido y otra israelí), y adelantó que implementará todas las medidas legales y diplomáticas posibles para defender sus derechos de soberanía sobre la disputa territorial, en el marco del derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El rechazo del Ejecutivo argentino apunta al proyecto hidrocarburífero autorizado por las autoridades usurpadoras del Reino Unido en las Islas Malvinas, en torno al yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las costas del archipiélago en disputa. Según la Cancillería argentina, esa iniciativa fue autorizada sin contar con la aprobación de las autoridades competentes de la República Argentina.

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En el texto difundido públicamente, el Gobierno subrayó que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas sujetas a la controversia de soberanía. Con base en ese principio, advirtió que cualquier actor involucrado en exploración o explotación petrolera no autorizada -incluidas empresas, proveedores de servicios, entidades financieras o aseguradoras- estará sujeto a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales tanto en jurisdicción nacional como internacional.

En el proyecto de explotación petrolera autorizado por la potencia usurpadora, Reino Unido, se encuentran involucradas una petrolera británica y otra de origen israelí.

El Gobierno especificó que estas acciones podrían traducirse en sanciones, restricciones operativas e incluso inhabilitaciones para operar, en el marco de la legislación argentina y el derecho internacional. Asimismo, hizo hincapié en que "desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales" y reafirmó su compromiso de ejercer "todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos".

La posición oficial también remite a resoluciones clave de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese sentido, el comunicado argentino cita expresamente la Resolución 2065 (XX) y sus concordantes, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, e instan a reanudar negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto. De acuerdo con ese marco, cualquier actividad unilateral de explotación de recursos naturales -sean renovables o no renovables- está considerada contraria a lo establecido por esas resoluciones.

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Las autoridades también recordaron que la Resolución 31/49 de la Asamblea General exhorta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras persiste el proceso de negociación. En este contexto, se criticó la adopción de "pretendidas normativas isleñas", concesiones de explotación, contratación de proveedores de servicios y cualquier otra medida asociada con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas.

En términos concretos, la controversia se concentra en la decisión de las compañías Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, de avanzar con los planes de explotación petrolera en el área en disputa sin autorización argentina. El Gobierno calificó tales anuncios como "actos unilaterales e ilegítimos" que podrían tener "efectos futuros potencialmente irreversibles", dados los recursos no renovables implicados.

Ante la gravedad que atribuye al caso, la administración nacional adelantó que profundizará su plan de acción para adoptar "todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos". Esta postura implica no solo el rechazo diplomático del proyecto, sino también la preparación de posibles acciones legales en foros internacionales y la articulación de advertencias a terceros interesados en participar de actividades petroleras en la zona.