Política. Con ayuda de las provincias, el Gobierno nacional aprobó el Presupuesto 2026

Con 132 votos a favor y 97 en contra, el oficialismo nacional se anotó una victoria importante en la Cámara baja y logró sancionar en general el proyecto de Presupuesto 2026, con el apoyo de representantes provinciales y diputados de la UCR y el PRO.

El texto presupuestario contiene estimaciones macroeconómicas que proyectan un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5,4%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio estimado en $1.423 hacia diciembre de 2026, objetivos que implican, según el Gobierno, un fortalecimiento del peso frente al cierre reciente en torno a $1.475 por dólar. Asimismo, la norma fija un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI, conforme a las metas planteadas por el Ejecutivo para equilibrar las cuentas públicas.

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El bloque de Provincias Unidas se abstuvo de votar el Presupuesto 2026.

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La Oficina de Presupuesto del Congreso anticipa un crecimiento de la recaudación equivalente a 0,47% del PBI, con mayor presión tributaria sobre sectores como combustibles e Impuesto a las Ganancias, mientras que otros componentes como Bienes Personales muestran una menor aportación. Además, las transferencias corrientes a las provincias se incrementarían un 31,1% en comparación con lo previsto para 2025, y las empresas públicas recibirían $4,4 billones tanto en transferencias corrientes como de capital. Dentro de los principales tributos, el IVA aportaría $32,9 billones y Débitos y Créditos Bancarios $16,4 billones, con mejoras reales estimadas en 8% y 10%, respectivamente. También se prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable.

Pese a la sanción general, el oficialismo no logró aprobar el controvertido Capítulo XI que, además de eliminar el financiamiento universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, incluía el artículo 69 que reduce los territorios alcanzados por el Régimen de Zona Fría, el artículo 70 que deroga tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares, lo que implica la eliminación de la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras asignaciones sujetas a movilidad previsional, pasando su actualización a depender del Poder Ejecutivo.

En tanto, los fondos para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad quedarían sujetos a determinaciones trimestrales por parte del Ministerio de Salud y la ANDIS. El artículo 30 deroga disposiciones para aumentar la inversión en Educación Técnico Profesional, Ciencia y Tecnología, y el Fondo Nacional de la Defensa, mientras que se establece el congelamiento del bono de $70.000 para jubilados, aunque se proyecta un incremento real del 5,7% en jubilaciones.

A su vez, paralelamente al debate presupuestario, el Gobierno impulsa la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, cuyo objetivo es penalizar el desequilibrio fiscal mediante penas de prisión e inhabilitación para funcionarios que autoricen o ejecuten gastos públicos sin contar con recursos acreditados y previstos para su financiamiento. Esta propuesta ha generado fuertes reservas incluso entre diputados que apoyan el Presupuesto, como el legislador Lisandro Nieri, quien manifestó la necesidad de trabajar con mayor seriedad y tiempo parlamentario antes de avanzar. Por esta razón, la iniciativa enfrenta un futuro incierto en las comisiones correspondientes y podría ser postergada.