21 de diciembre de 2025
Con la firma de Cristian Ritondo, el bloque de diputados aliado al oficialismo presentó un amparo para suspender las designaciones aprobadas el 18 de diciembre. El macrismo denuncia que la votación se hizo fuera del temario de extraordinarias, "sin publicidad ni transparencia" y con un procedimiento que, aseguran, vulneró la Constitución y el reglamento.
Amparo del PRO: el reclamo para anular la designación de auditores de la AGN
El bloque del PRO formalizó ante la Justicia un recurso de amparo para intentar frenar la resolución 7018-D-2025, con la que la Cámara de Diputados designó como auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) a Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), el dirigente kirchnerista Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
En el escrito, el PRO sostiene que la decisión "fue abiertamente inconstitucional" y apuntó a que la maniobra los dejó afuera de un reparto que, según entienden, se cerró entre el oficialismo y otros sectores.
En el macrismo daban por hecho que el lugar sería para Jorge Triaca, pero terminó fuera del esquema que adjudican a un entendimiento entre Martín Menem, Fuerza Patria y mandatarios del norte.

La presentación que lleva la firma de Ritondo plantea que el nombramiento se hizo por fuera del temario habilitado para sesiones extraordinarias, en una supuesta violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. "El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema", remarcaron desde el PRO.
El planteo también insiste en el modo en que se realizó la votación. Según el texto, "la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales", por lo que enumeran una seguidilla de "irregularidades" y piden que se revierta el proceso.
Desde el entorno del jefe del bloque macrista afirmaron que "Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado". Y detallaron el núcleo de lo que reclaman ante la Justicia: "Le pedimos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado".
El documento presentado por Ritondo tiene 29 páginas y cuenta con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz. Allí se sostiene que la moción que disparó las designaciones "se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas".
En esa misma línea, el texto subraya que "el respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias no es una mera exigencia ritual, sino una garantía esencial para que todos los diputados -y, en particular, aquellos que no integran la mayoría circunstancial- puedan ejercer de manera efectiva la función representativa que les ha sido confiada por el electorado".
Y, como conclusión política e institucional del planteo, el PRO deja asentado que "la sola circunstancia de que HCDN o la AGN lleven adelante su actividad de modo contrario a la Constitución Nacional y las leyes y reglamentos dictados en consecuencia, mediante actos que implican menoscabar la plenitud de los derechos y de la representatividad que me corresponden en mi carácter de Diputado de la Nación, y la AGN se encuentre integrada de un modo viciado, importa un avasallamiento de notoria y extrema gravedad institucional."

El conflicto no empezó en Tribunales. Ritondo ya había marcado su rechazo en pleno recinto, durante el procedimiento de esa madrugada. En ese tramo, el titular del bloque del PRO sostuvo que "la designación de miembros de AGN no se puede tratar, es anticonstitucional", cuestionó que "la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza" y anticipó que judicializarían el tema.
El capítulo se abrió después de que el Gobierno obtuviera la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal. En ese marco, ya entrada la madrugada del jueves, Diputados avanzó con la designación de los tres auditores generales. El punto no figuraba en el temario, ni estaba incluido en la convocatoria a extraordinarias del Ejecutivo, y provocó que legisladores de distintos bloques se retiraran del recinto como señal de protesta.
La secuencia arrancó con una moción del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para cubrir las vacantes. "La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti". Luego añadió: "Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido".
La reacción fue inmediata y el recinto se cargó de reproches. En ese momento, Ritondo enmarcó el procedimiento como "la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional" y recordó que "la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara".
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