País. Caso María Cash: la Justicia anuló el sobreseimiento del camionero que la vio por última vez

La Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor Romero y ordenó que continúe la investigación por la desaparición y el presunto homicidio de María Cash, al considerar que el expediente no alcanzó el estándar necesario para cerrar el caso en instrucción.

La decisión fue firmada este lunes por los jueces Santiago French, Ernesto Sola Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, en un pronunciamiento que representa un giro en una de las causas más emblemáticas del norte argentino.

Según reconstruyeron fuentes del caso, el fallo recoge la línea central del Ministerio Público sobre los testimonios desacreditados que ubicaban a la joven con vida después del último registro confiable.

La desaparición de María Cash: el último tramo conocido y el eje del expediente

La desaparición de María Cash ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, al subir al camión conducido por Romero. Desde entonces, su paradero es desconocido.

A lo largo de los años, la pesquisa atravesó tres jurisdicciones, acumuló cientos de aportes y denuncias, y quedó marcada por pistas falsas, hipótesis de trata de personas y la participación de testigos que luego terminaron imputados por falso testimonio.

Qué cuestionaron el fiscal y la querella: "certeza negativa" y diligencia reforzada

El fallo respondió a las apelaciones del fiscal general y del defensor público de la víctima, que objetaron la resolución del 12 de mayo de 2025, cuando se había sobreseído a Romero por homicidio agravado por alevosía.

Para los acusadores, la decisión de primera instancia se apoyó en una lectura "parcial e incompleta" de la prueba y fue "prematura y arbitraria", porque todavía quedaban medidas indispensables para clarificar el recorrido del camión y el contexto del imputado. En esa línea, el fiscal sostuvo que "no existe la certeza negativa necesaria para desvincular al imputado", lo que obliga a mantener activa la pesquisa.

En su presentación, el representante de la familia Cash también puso el foco en el estándar exigible para cerrar una causa de esta gravedad. Señaló que "en este tipo de casos gravísimos que involucran la desaparición de una mujer, existe por parte del Estado un deber de diligencia reforzado que impide clausurar el proceso cuando no hay certeza negativa, tal como ocurre en el presente, pues se encuentra probado que María Cash -luego de subir al camión de Romero y de interactuar con él- desapareció para siempre".

Qué dijo la defensa de Romero y cómo respondió el tribunal

La defensa de Romero, en cambio, pidió confirmar el sobreseimiento. Argumentó que su asistido "se puso a disposición de la investigación y declaró voluntariamente", y que los peritajes de Gendarmería Nacional respaldan la verosimilitud de su relato. Además, sostuvo que no hacía falta repetir estudios técnicos y que existían personas que decían haber visto a Cash con vida luego de que el camionero la dejara en la zona de la Difunta Correa.

La Cámara, sin embargo, concluyó que el cuadro probatorio no permite cerrar el expediente. En un pasaje central, sostuvo que "existen indicios suficientes que, analizados de forma conjunta, concordante y correlativa, impiden arribar al convencimiento de que Romero es ajeno al homicidio de María Cash que se le atribuye; estándar que, en esas condiciones, no permite su desvinculación anticipada del proceso, máxime cuando restan medidas de prueba pendientes de producir que podrían contribuir a esclarecer los confusos hechos de este caso".

Por qué el tribunal habló de "absolución anticipada" y qué estándar exige para sobreseer

En su fundamentación, los jueces remarcaron que el sobreseimiento en instrucción "constituye una absolución anticipada" y que sólo corresponde cuando existe certeza acerca de la inexistencia del hecho o la no participación del imputado. También recordaron que "la duda no opera en esta etapa como lo hace en el juicio al momento de decidir la responsabilidad del imputado", y que mientras haya hipótesis atendibles y medidas pendientes, la investigación debe seguir abierta.

Testigos descartados y "falsedades": el punto que debilitó la versión del imputado

Entre los elementos que sostienen la sospecha sobre Romero, la Cámara ponderó que fue la última persona que estuvo con María Cash antes de su desaparición, que su versión tiene inconsistencias y que no aparecen testigos creíbles que confirmen haber visto a la joven en el punto donde él dijo haberla dejado.

En ese tramo, subrayó que los relatos de quienes afirmaron haber visto a Cash con vida después -como los Cuellar, Chuquisaca y Krilich- quedaron descartados por "falsedades y contradicciones", y que algunos de esos testigos fueron sobreseídos por prescripción tras haber sido imputados por falso testimonio y entorpecimiento.

Nuevos peritajes y una mesa técnica: geolocalización, velocidad y frenado del camión

El fallo también revisó rastrillajes en Difunta Correa y Palomitas, que no aportaron hallazgos determinantes, y cuestionó la lectura de los estudios técnicos sobre la maniobra del camión. Según el tribunal, persisten puntos sin resolver en la interpretación de geolocalización, distancias, velocidad y frenado.

Por eso, ordenó renovar el peritaje de distancia, velocidad y frenado, y dispuso conformar una mesa de trabajo entre peritos de Gendarmería Nacional y del Ministerio Público Fiscal para destrabar diferencias técnicas, especialmente en el análisis de antenas telefónicas.

El entorno de Romero y documentación bajo lupa: "conversaciones sospechosas" y un remito con fechas inconsistentes

Además de lo técnico, la Cámara recomendó profundizar la investigación del entorno laboral y familiar de Romero. El fallo mencionó la existencia de "conversaciones que evidencian una expectativa por parte del nombrado y su entorno respecto del avance de la causa", un elemento que el tribunal entiende que amerita ser explorado.

También puso el foco en documentación aportada por su empleador, Miguel Segura, que habría presentado un remito con fecha inconsistente. Entre las medidas sugeridas aparecen la identificación de empleados del supermercado "Miguelito" que participaron en la descarga del camión el día del hecho, la verificación de originalidad de los documentos del viaje y la posibilidad de nuevos rastrillajes en la zona de El Tunal, a partir de una denuncia anónima que indicó un posible lugar de descarte del cuerpo.