Política. Inocencia Fiscal: los principales puntos del proyecto que cambia el Régimen Penal Tributario

El Senado de la Nación tiene previsto debatir este viernes un proyecto de ley promovido por el gobierno de Javier Milei que apunta a modificar de manera integral el régimen tributario argentino bajo el concepto de "Inocencia Fiscal". La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados, busca incentivar que los argentinos integren a la economía formal los llamados "dólares del colchón" mediante ajustes en las normas penales tributarias, cambios en los procedimientos fiscales y un nuevo esquema opcional de declaración del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de reducir la presión penal y administrativa sobre los contribuyentes y favorecer la remonetización de la economía.

El proyecto de Inocencia Fiscal se presenta como una de las medidas clave del Poder Ejecutivo para estimular la actividad económica, promoviendo que los tenedores de grandes cantidades de efectivo en moneda extranjera opten por utilizar esos recursos dentro del sistema formal. Este esquema no elimina impuestos ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), pero redefine la relación entre el fisco y los contribuyentes al establecer que toda persona que cumple con sus obligaciones tributarias debe ser tratada como cumplidor hasta que se demuestre lo contrario.

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Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la actualización de los umbrales del Régimen Penal Tributario, que determinan a partir de qué montos una infracción pasa de ser una falta administrativa a constituir un delito penal. Según el texto, el piso para que se configure una evasión simple subiría de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada se elevaría de $15 millones a $1000 millones, cambios que buscan limitar la persecución penal a casos de mayor significación económica.

Además, la iniciativa contempla la posibilidad de extinguir la acción penal contra un contribuyente si este cancela la totalidad de la deuda tributaria más el pago de un adicional del 50% dentro de los 30 días posteriores al inicio de una causa ya abierta, un mecanismo que, según el texto, solo podría utilizarse una vez por persona o empresa. Esta medida forma parte de un conjunto de modificaciones que también busca acotar los plazos en que el Estado puede revisar y reclamar tributos, estableciendo plazos de prescripción diferenciados que van de tres a diez años según el cumplimiento del contribuyente.

El proyecto plantea un sensible cambio sobre la presunción de inocencia del Régimen Penal Tributario.

El proyecto incorpora, asimismo, un régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones, en el cual el impuesto se calculará sobre la facturación sin considerar la variación patrimonial. Bajo este esquema, el organismo recaudador confeccionará la declaración con base en la información disponible y, si el contribuyente cumple en término, quedará liberado de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves.

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Los promotores de la iniciativa sostienen que estos cambios buscan reducir la presión administrativa y penal sobre quienes actúan de buena fe y, al mismo tiempo, concentrar los controles en maniobras dolosas o graves, con la idea de que una mayor confianza en el sistema tributario incentive la circulación de divisas dentro de canales formales. Este enfoque, alineado con la política económica del gobierno orientada a la remonetización de la economía en un contexto de elevada sustitución de monedas, propone un giro en la filosofía tradicional del régimen impositivo argentino.

Mientras el proyecto se debate en el Senado, sectores del oficialismo confían en lograr la aprobación sin mayores reparos, dado que la Cámara de Diputados ya le otorgó media sanción. La decisión que adopten los senadores será clave para determinar si las reformas planteadas en materia tributaria y fiscal -y las implicancias que tendrían para el uso de los denominados "dólares del colchón"- quedan definitivamente incorporadas al marco legal.