Economía. El "agujero" que discute el Congreso: cuánto cuestan discapacidad y universidades frente al fondo para despidos

El debate sobre cómo se usan los recursos públicos escaló en las últimas semanas y volvió a cruzar al Gobierno con el Congreso. Mientras el Poder Ejecutivo busca avanzar con instrumentos para financiar despidos y reducir cargas tributarias a empresas, desde el Legislativo presionan para priorizar partidas vinculadas a universidades y discapacidad.

En ese escenario, un informe del IARAF reordenó la discusión con una estimación puntual del impacto fiscal y del margen de maniobra que quedaría dentro del esquema de gasto para 2026.

Qué midió el IARAF sobre discapacidad y financiamiento universitario

El documento citado plantea que el foco volvió a colocarse sobre el efecto presupuestario de las normas vinculadas a programas de discapacidad y financiamiento universitario. En ese marco, advierte: "Autoridades del gobierno nacional han manifestado que la vía para lograr su financiamiento va a ser la de la reducción de otros gastos", y agrega: "El gasto clasificado como gasto primario inflexible pasaría de representar un 9,32% del PBI a un 9,82% del PBI, dado el agregado del impacto fiscal de las dos leyes".

A la vez, el reporte proyecta que el gasto primario flexible debería ajustarse del 5% del PBI al 4,5%, con lo cual el costo total de ambas normas se ubicaría en medio punto del PBI.

Cuánto costaría bajar Ganancias a empresas, según estimaciones privadas

El mismo trabajo cuantificó el impacto de una reducción del Impuesto a las Ganancias corporativo: del 35% al 31,5% y del 30% al 27%. Para el IARAF, eso rondaría el 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones a valores actuales.

En el reparto, la Nación asumiría cerca de $790.000 millones (0,09% del PBI) y las provincias junto con CABA alrededor de $1,12 billones (0,13% del PBI).

El informe también marca un punto clave de calendario: "el costo fiscal inicial se va a dar recién en el año 2027", y precisa: "Concretamente, el impacto se daría a partir de mayo de 2027, cuando los contribuyentes empiecen a presentar sus declaraciones juradas y a pagar el saldo correspondiente a 2026. Y, posteriormente, en los anticipos derivados de ese nuevo saldo".

El foco inmediato: los Fondos de Asistencia Laboral y el sistema previsional

El capítulo más sensible por su efecto de corto plazo es el de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), pensados para aliviar el costo del despido. El cálculo citado los ubica en torno a $4,5 billones y advierte que implicarían una merma de recursos para el sistema previsional durante 2026.

En la discusión pública, el diputado Guillermo Michel sumó una comparación con antecedentes del Fondo: "en el Staff Report del 20 de marzo de 2023, el staff del FMI -a pedido de su titular- advertía explícitamente sobre los desafíos fiscales que introducía la moratoria previsional recientemente aprobada y exigía medidas correctivas (básicamente, reducir la cantidad de beneficiarios potenciales del programa)". Y completó: "El costo anual estimado entonces fue de 0,4% del PBI, tal como muestra la imagen adjunta".

Michel sostuvo además que, si se mantiene la lógica de exigencia, el FMI debería aplicar el mismo estándar ante un costo estimado de 0,45% del PBI por el FAL, y remató: "seguramente el FMI reclamará el mismo rigor fiscal para financiar despidos que para cuestionar beneficios previsionales a quienes no pudieron aportar durante su vida activa porque sus empleadores los tenían en la informalidad laboral".

La "motosierra" en números: qué recorte estima el IARAF

Como telón de fondo, el reporte agrega una medición del ajuste acumulado: el gasto público primario nacional cerraría 2025 con una caída anual de u$s38.000 millones respecto de 2023.

En términos del producto, entre 2023 y 2025 el gasto primario consolidado habría bajado 6,5 puntos del PBI, con menor peso de Nación y mayor participación relativa de provincias y municipios.