28 de diciembre de 2025
La Justicia federal de Lomas de Zamora requisó las oficinas del director del organismo, Fernando Julián Martínez, en una causa que investiga presuntos vínculos con distribuidores denunciados por alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza. El operativo sumó tensión por el intento de secuestro de un celular que el funcionario dijo haber "extraviado".
La Justicia federal de Lomas de Zamora avanzó sobre el despacho del director del Servicio Penitenciario Federal en una causa que investiga presuntos acuerdos irregulares con proveedoras de comida para detenidos. El operativo, ordenado por el juez Federico Villena, incluyó el secuestro de documentación y el intento de incautar un celular cuya ubicación previa abrió nuevas sospechas sobre posible destrucción de evidencia.
La investigación derivó, en las últimas horas, en un allanamiento en oficinas vinculadas a Fernando Julián Martínez, director del SPF, en el marco de una denuncia por presuntos vínculos espurios con empresas contratadas para el servicio de alimentación.
Según la pesquisa, la hipótesis central es que el organismo habría habilitado una "cartelización" del sistema de comidas en el penal de Ezeiza, mediante empresas pantalla que operarían para esquivar sanciones dispuestas en expedientes anteriores.

El procedimiento tuvo un momento de máxima fricción cuando, de acuerdo con fuentes del caso, Martínez intentó evitar el secuestro del teléfono que utiliza a diario. Primero entregó un aparato antiguo en desuso y luego, al ser requerido por el celular habitual, argumentó haberlo "extraviado" esa misma mañana.
Pero un informe técnico complicó esa versión: el dispositivo "perdido" habría registrado su última señal en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento. Para el juzgado, ese dato alimenta la sospecha de que el funcionario pudo haber recibido un aviso previo y descartado el equipo para borrar rastros.
La causa comenzó por reportes de alimentos en mal estado dentro del penal de Ezeiza. En ese marco, peritajes atribuidos a la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles incompatibles con el consumo.
Tras impedir que Foodrush siguiera prestando el servicio, el expediente se concentró en la empresa que la reemplazó. El juez observó que Bio Limp habría continuado la operación con los mismos camiones y personal, además de facturar montos elevados a la firma sancionada, lo que sostendría la sospecha de una estructura montada como fachada.
En un episodio que quedó asentado en la causa, Villena llegó a probar la comida en la cárcel y luego padeció una descompensación que describió como un cuadro "vomitivo".

Martínez asumió la conducción del SPF en marzo de 2024, tras su designación por la entonces ministra Patricia Bullrich. Bajo esa administración, el servicio pasó del ámbito de Justicia al de Seguridad en diciembre de 2023, un movimiento que también quedó incorporado al contexto del expediente.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el uso de una camioneta secuestrada a nombre de Enrique "Quique" Antequera, señalado como referente de la feria La Salada y con pedido de captura.
Aunque la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, el magistrado sostiene la línea de investigación y afirma contar con colaboración política desde el área de Seguridad.
En esa dirección, la ministra Alejandra Monteoliva expresó disposición para aportar al avance del caso, que busca desarmar lo que el juez define como "mafias enquistadas hace muchos años" en el sistema penitenciario.
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