29 de diciembre de 2025
El PRO volvió a cuestionar la aprobación de las designaciones de auditores de la AGN y ratificó que presentará acciones judiciales al considerar que la votación impulsada por La Libertad Avanza, el kirchnerismo y otros bloques se realizó de manera irregular y fuera de los parámetros constitucionales.
La disputa política entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) se
profundiza tras la polémica votación en la Cámara de Diputados por las
designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) en el marco del
tratamiento del Presupuesto 2026. La fuerza que conduce Mauricio Macri
reafirmó en las últimas horas que recurrirá a la Justicia para impugnar
el proceso y cuestionó tanto el método como el contexto en el que se aprobaron
los nombramientos, lo que pone en evidencia tensiones internas y dinámicas de
poder dentro del oficialismo y la oposición.
A través de un comunicado difundido por sus redes sociales, el espacio amarillo volvió a arremeter duramente contra la votación de los auditores de la AGN y justificó su retiro del recinto al momento de la votación. "La Libertad Avanza, el Kirchnerismo (UxP) y el bloque de Innovación Federal ya contaban holgadamente con las 3/4 partes de los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones. Finalmente la aprobación de la votación se realizó con 189 votos. El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO", expresaron.
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El PRO afirmó que su decisión de retirarse no obedeció a una estrategia para
facilitar la votación, sino a una postura de rechazo frente a lo que
consideraron una acción inconstitucional y carente de transparencia.
"La votación se realizó de madrugada, sin transparencia y tratando un tema
que no estaba habilitado en la convocatoria a Extraordinarias, violando el
artículo 63 de la Constitución Nacional", afirmaron
El origen de este conflicto se remonta a la designación de tres auditores: Rita Mónica Almada propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, impulsado por el peronismo; y Pamela Calletti, ex diputada con vínculos políticos al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Si bien el proceso normal de designación para la AGN implica que los siete auditores sean nombrados de manera conjunta por el Congreso, la disputa política aceleró los tiempos y derivó en que estas tres bancas fueran ocupadas antes de completar el cuerpo.
Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación.
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Los referentes del PRO también denunciaron que los libertarios no cumplieron
compromisos previos respecto de la distribución de los cargos en la AGN, lo que
motivó su protesta en el recinto y su decisión de retirarse antes de la
votación. En el comunicado difundido en redes, subrayaron: "No íbamos a
legitimar una votación inconstitucional. Dicho por abogados
constitucionalistas, permanecer en las bancas, aun votando en contra, hubiera
implicado legitimar con nuestra presencia un acto viciado de nulidad absoluta".
El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, presentó
un recurso de amparo acompañado por una abogada constitucionalista para que se
declare la nulidad de lo votado, argumentando que el procedimiento está viciado
de nulidad absoluta. Esta acción judicial, según el comunicado, representa la
prueba más contundente de la oposición del partido a lo ocurrido, y se enmarca
en su intención de que la Justicia revise y eventualmente frene las
designaciones.
Las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza no son nuevas, pero este
episodio pone de manifiesto una fractura interna más profunda dentro del
espacio que respalda al gobierno actual. El malestar en el PRO surgió, según
varios de sus referentes, por la falta de cumplimiento de acuerdos previos en
la distribución de cargos clave, además de interpretarse como un desplazamiento
del rol que esta fuerza esperaba tener en la configuración del organismo de
control.
El conflicto no solo refleja una disputa por un organismo técnico como la AGN, sino también las dinámicas de negociación y poder que se han intensificado tras la reciente aprobación del Presupuesto 2026, donde se evidenciaron alianzas y divisiones internas entre distintos bloques y fuerzas políticas. La judicialización de este reclamo conlleva, por tanto, un nuevo capítulo en la disputa política entre sectores del oficialismo y la oposición, con posibles repercusiones en futuras negociaciones parlamentarias y en la configuración de equilibrios de fuerza dentro del Congreso.
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