Política. El Gobierno nacional anunció el cierre de ANDIS

El Ejecutivo nacional confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) será desmantelada y sus funciones serán incorporadas al Ministerio de Salud . La medida, anunciada por el vocero oficial, se justifica en supuestas irregularidades institucionales , aunque no menciona públicamente las investigaciones judiciales por presuntos sobornos que salpican al organismo. El anuncio se produce en medio de una crisis de prestaciones y reclamos por la situación de las pensiones no contributivas por discapacidad .

El Gobierno nacional oficializó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como ente descentralizado para pasar a dependiente directamente del Ministerio de Salud , según informó el vocero oficial Manuel Adorni. La decisión fue presentada como una respuesta a "supuestas irregularidades" detectadas en la gestión de la agencia, sin que en el comunicado se detallaran los motivos o se aluda de manera explícita a las causas judiciales por las que ANDIS ha sido objeto de investigaciones en los últimos meses.

En el discurso oficial, Adorni sostuvo que la absorción de la ANDIS por el Ministerio de Salud no implicará la interrupción de las pensiones no contributivas por discapacidad que el organismo administra. "Esto no significa que se vayan a cortar pensiones", declaró textualmente, intentando despejar inquietudes sobre el futuro de los beneficios que perciben millas de beneficiarios en todo el país.

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La medida llega en un contexto de tensión en torno al funcionamiento del sistema de discapacidad: desde hace meses, organizaciones del sector y prestadores sostienen que la actualización de los aranceles de prestaciones es insuficiente y que las demoras en los pagos generan en una situación crítica para hogares, centros terapéuticos y servicios especializados. En octubre último, por ejemplo, el Ministerio de Salud actualizó el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad con aumentos de entre el 29,7% y el 35,4% en tres tramos, lo que según algunos referentes del sector no compensa el atraso acumulado respecto de la inflación.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El cambio institucional también ocurre en medios de pronunciamientos judiciales que impactan directamente en la gestión de la ANDIS. En octubre, la Justicia Federal de Catamarca ordenó a la agencia restituir en un plazo máximo de 24 horas las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas , además de abonar los haberes retenidos y abstenerse de nuevas bajas hasta que exista una sentencia definitiva, en un fallo cuya extensión abarca a todo el país. Esta decisión fue implementada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

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Al mismo tiempo, investigaciones judiciales por presuntas maniobras de corrupción pública vinculadas a la compra de medicamentos y otras funciones del organismo han llevado a la Justicia a ampliar las líneas de investigación, incluso con el objetivo de confirmar supuestas irregularidades en la gestión de exfuncionarios. Estas causas, en distintas instancias, han generado todos los análisis, declaraciones y pedidos de revisión de pruebas que aún se encuentran bajo análisis en instancias superiores.

El traslado de las funciones de la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud representa no solo un cambio administrativo sino también un replanteo del modelo institucional de atención y gestión de políticas públicas en materia de discapacidad . La agencia, creada por normativa específica en 2017, tenía como misión programar y ejecutar políticas públicas para promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en Argentina.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha publicado un cronograma detallado de cómo se implementará la transición ni cómo se garantizará la continuidad operativa de los programas y prestaciones que hoy están bajo la órbita de la ANDIS. Tampoco se informará oficialmente si los equipos técnicos actuales serán reubicados o reemplazados, ni cómo se atenderán las demandas de organizaciones sociales y beneficiarios que vienen señalando dificultades en el acceso a servicios y beneficios.

El anuncio, que marca un hito en las políticas de discapacidad en Argentina, se da en un año en el que las tensiones entre el Gobierno, la Justicia y diversos sectores involucrados en la atención de personas con discapacidad han generado un escenario de debate y reclamos sobre la efectividad y el enfoque de las políticas públicas en esta materia.