30 de diciembre de 2025
El Gobierno nacional oficializó un anticipo financiero de $220.000 millones a la provincia de Entre Ríos, destinado a cubrir compromisos urgentes y con devolución prevista mediante retenciones de fondos de coparticipación federal.
El Gobierno nacional habilitó un anticipo financiero de $220.000 millones para la provincia de Entre Ríos, en medio de tensiones fiscales y acuerdos políticos vinculados con la aprobación reciente del Presupuesto 2026. La medida fue oficializada por decreto y contempla mecanismos de devolución que implican retenciones sobre fondos coparticipables, en un contexto de auxilios previos a otras jurisdicciones.
El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 922/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el otorgamiento de un anticipo financiero de hasta $220.000 millones a la provincia de Entre Ríos. El texto de la norma indica que el giro de estos fondos responde a que la administración del gobernador Rogelio Frigerio se ve "impedida" en forma transitoria de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".
El anticipo -que funcionará en la práctica como un préstamo del Tesoro nacional- será canalizado a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía durante el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de garantizar liquidez para afrontar gastos y obligaciones de deuda que la provincia no podría atender con los recursos disponibles a corto plazo.
El decreto establece que el monto otorgado deberá ser reintegrado con intereses calculados conforme a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), y que la devolución se efectuará mediante la afectación de la participación de la provincia en el régimen de coparticipación federal (Ley 23.548) y otros recursos sin destino específico. La propia norma dispone que "la provincia autoriza expresamente esas retenciones para cancelar el anticipo y sus intereses, y la Contaduría General de la Nación registrará la operación como un anticipo de la Tesorería General de la Nación".

Entre Ríos fue una de las 20 provincias que suscribió al Pacto de Mayo.
La decisión se inscribe en un contexto político en el que varios gobernadores aportaron votos clave para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado. Según el artículo original de Ámbito, la medida llega "apenas días después de que los gobernadores aliados y dialoguistas prestaran votos clave para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, el primero de la era Milei en llegar a esa instancia".
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El auxilio financiero de $220.000 millones no representa un hecho aislado. El texto recuerda que, en marzo de este año, el Gobierno nacional ya había otorgado a Chaco -gobernada por Leandro Zdero- un anticipo de $120.000 millones con fines similares, destinado a hacer frente al pago de salarios y otros compromisos urgentes de la gestión provincial. En esa oportunidad, la misma justificación fiscal fue utilizada: el oficialismo adujo que "el Gobierno de la Provincia del Chaco se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".
Además de los anticipos financieros, se reactivó este diciembre la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATP) a las provincias, luego de que en noviembre Economía no girara fondos en ese concepto a los distritos. En los últimos meses, mandatarios de distintas jurisdicciones -tanto aliados como dialoguistas con el Gobierno nacional- se convirtieron en receptores de esos envíos, en un esquema que según la cobertura original estuvo relacionado con la negociación por la sanción del Presupuesto.
La aprobación definitiva del Presupuesto 2026 se concretó el pasado viernes en el Senado con un amplio margen: 46 votos afirmativos, 26 negativos y una sola abstención, destacando la contribución de legisladores de provincias beneficiadas con anticipos y ATP para alcanzar el quórum político necesario.
El paquete de medidas financieras, que incluye este nuevo anticipo para Entre Ríos, forma parte de la estrategia del Gobierno para gestionar compromisos urgentes de las administraciones provinciales en momentos de restricciones fiscales.
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