Economía. El Gobierno negocia un préstamo REPO de 2 mil millones de dólares para afrontar vencimientos en enero

El Gobierno nacional avanza en la gestión de un crédito REPO por 2.000 millones de dólares con bancos internacionales como parte de su estrategia para no afectar las reservas del Banco Central, con el pago de vencimientos y asegurar la solvencia financiera de cara al primer mes del 2026, en un contexto de demoras en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y presión sobre las cuentas públicas.

El Ejecutivo argentino intensificó en las últimas horas las conversaciones para concretar un acuerdo de recompra (REPO) con entidades financieras globales por 2.000 millones de dólares, una operación que en los hechos fungiría como una fuente de liquidez garantizada. Esta gestión se inscribe en el marco de la aproximación del 9 de enero, fecha en que el país afronta una serie de compromisos de deuda externa por más de 4.200 millones de dólares, de los cuales ya hay unos 1.800 millones disponibles, pero aún resta cerrar el financiamiento del saldo restante ante la falta de aprobación de la revisión anual por parte del FMI y el consecuente desembolso de 1.050 millones de dólares.

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Según fuentes oficiales citadas por medios locales, la operatoria -que en las últimas 48 horas entró en su etapa final- contempla que los bancos internacionales otorguen el crédito a plazo de uno o dos años, utilizando como colateral bonos soberanos como Bonares 2035 (AL35) y 2038 (AE38). Un aspecto clave de la estructuración radica en que los fondos que se obtengan ingresarían "íntegramente como reservas brutas" al balance del **Banco Central de la República Argentina (BCRA)", permitiendo de ese modo sortear la "bottleneck" financiero de enero sin depender exclusivamente del acuerdo con el FMI.

El Gobierno busca no echar mano a las reservas del BCRA para hacer frente a los vencimientos del mes de enero, tras incumplir la meta de acumulación pautada con el FMI para el 2025.

La tasa de interés que se negocia sería variable y atada a la referencia SOFR más un spread que, según fuentes de mercado, rondaría entre los 500 y 700 puntos básicos, lo que implicaría un costo efectivo anual superior al 9%, aunque todavía inferior al que supondría una colocación en el mercado voluntario de deuda. El Ejecutivo define esta herramienta como de carácter "preventivo", destinada a "blindar" el balance del BCRA, brindar confianza a los mercados y reducir la posibilidad de una **corrección brusca del tipo de cambio", en un escenario en que las reservas netas son negativas y el **riesgo país oscila en torno a los 600 puntos básicos.

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Al mismo tiempo, las autoridades ratificaron públicamente la capacidad de la administración para honrar los compromisos financieros del corto plazo. El presidente Javier Milei afirmó de manera categórica que "Estamos más que cubiertos, tenemos la plata para pagar enero, febrero y todo el primer trimestre", descartando tensiones de liquidez inmediatas. En sintonía con esa visión, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que "Estamos cómodos, tenemos los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo sin ningún tipo de problema", con el objetivo de transmitir tranquilidad a inversores y actores del mercado.

Desde el Gobierno se destaca que la gestión de este crédito REPO no surge de una necesidad urgente de caja, sino que forma parte de una decisión estratégica para reforzar las reservas internacionales, mitigar riesgos financieros y profundizar la tendencia decreciente del riesgo país, al tiempo que se consolidan otras fuentes de financiamiento internas y externas para cubrir los compromisos de deuda que marcarán el inicio del año próximo.

Si bien el eje de la gestión se centra en este préstamo garantizado, el Ejecutivo continúa monitoreando y coordinando múltiples herramientas financieras para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones sin recurrir a mercados internacionales de deuda bajo legislación extranjera, priorizando mecanismos que fortalezcan el mercado de capitales local y la autonomía financiera del país.