Política. Polémica: el Gobierno reforma la Ley de Inteligencia por decreto y le da más poder a la SIDE

El Gobierno publicó este viernes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei que modifica la ley de inteligencia y deja a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como eje del Sistema de Inteligencia Nacional.

De esta forma, la conducción política del área quedará bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, a través de Cristian Auguadra, y el articulado contempla la posibilidad de aprehensión de personas en situaciones específicas.

Qué cambia el decreto y cómo queda la conducción del sistema

De acuerdo con el borrador, la SIDE y sus organismos desconcentrados, junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, conformarán el universo del sistema, con la SIDE como órgano superior.

Además, el decreto "cambia además denominaciones del rubro y modifica los nombres de órganos de la SIDE", en una reconfiguración que todavía no fue oficializada en el Boletín Oficial.

Aprehensiones: el punto más polémico del articulado

El apartado que más críticas generó en la oposición es el que habilita aprehensiones por parte de personal de inteligencia. Primero, el decreto prevé que la SIDE pueda requerir "asistencia o apoyo técnico y logístico de las fuerzas armadas, de seguridad federales y policiales".

Luego, el artículo 19 establece: "Los órganos del sistema de inteligencia nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial".

Y agrega un tramo clave: "En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes".

Un nuevo organismo bajo la órbita de Adorni

El decreto también crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, como "un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación" dentro de la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni, un funcionario alineado con Karina Milei.

Según el texto, el objetivo es "planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional". En la práctica, será la autoridad nacional y autoridad de aplicación en la materia.

A su vez, se le transfieren "los bienes muebles, los activos y el patrimonio, los compromisos, derechos y obligaciones asignados a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad de la SIDE".

Nuevas comunidades de intercambio y una disolución en Defensa

El borrador crea la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, integradas por órganos y organismos públicos, con el objetivo de compartir información entre la secretaría y otras áreas, incluidas fuerzas policiales, de seguridad federales o armadas.

En paralelo, disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa.

Cambios de nombre y funciones en los organismos desconcentrados

El decreto redefine estructuras internas y reorienta áreas con cambios de denominación y misiones: La Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia.

"Para evitar superposición con el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal resulta necesario reorientar las actividades de la agencia en materia de contrainteligencia, para identificar y analizar con enfoque preventivo amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia", dice la norma.

La Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y se encargará de producir inteligencia en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico.

La División de Asuntos Internos será ahora la Inspectoría General de Inteligencia, "a efectos de que refleje las funciones de realizar auditoría, investigaciones internas, inspecciones y revisiones dirigidas a controlar y evaluar el desempeño, la economía de recursos, la eficacia y la integración funcional de los organismos y el personal del Sistema de Inteligencia Nacional".

Definiciones, contrainteligencia y el argumento para evitar el Congreso

En el arranque, el decreto fija definiciones sobre el carácter de las tareas. En el artículo uno, establece: "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional".

En el dos, añade: "Se entiende por investigación de inteligencia al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la inteligencia nacional".

También formaliza el concepto de contrainteligencia en términos legales: "Las actividades de ejecución de contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales. La contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como medidas de seguridad de contrainteligencia".

Para justificar el uso del DNU, el texto sostiene que "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la medida". A la vez, argumenta que "La Comisión Bicameral tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar directamente al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento".

Críticas políticas y respuesta del Gobierno

Tras las primeras reacciones opositoras, el oficialismo buscó encuadrar la reforma como un reordenamiento institucional. Frente a cuestionamientos como el del diputado nacional Esteban Paulón, que habló de un "duro golpe a la democracia", en el Gobierno señalaron que se trata de una reforma "de segunda generación" que "moderniza, ordena y legitima el sistema", con "el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo".