6 de enero de 2026
por
Melina Schweizer
Argentina reafirmó ante la Organización de Estados Americanos su apoyo a la acción llevada adelante por Estados Unidos en Venezuela, una posición que ya había sido expresada por la delegación argentina en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
La postura fue sostenida durante una sesión extraordinaria realizada en Washington por el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, quien defendió la intervención estadounidense al considerar que podría representar un "avance decisivo contra el narcotráfico y el crimen organizado" que, según señaló, afectan a la región.
En su exposición, Cherniak sostuvo que los hechos ocurridos en Venezuela podrían abrir una nueva etapa orientada a la "recuperación de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos". El diplomático no se refirió a eventuales liderazgos políticos futuros ni a mecanismos institucionales de transición, y centró su discurso en el rol del sistema interamericano frente a las denuncias acumuladas sobre la situación venezolana.
Durante su intervención, nuestro embajador cuestionó lo que definió como la "diplomacia del silencio" de los organismos regionales ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y afirmó que esa inacción "pone en duda el propósito mismo" de la OEA. En ese marco, sostuvo que el organismo debe asumir un papel más activo frente a situaciones que, a su entender, comprometen la estabilidad democrática y la seguridad regional.
En el tramo final de su presentación, Cherniak volvió a exigir la liberación inmediata del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por las autoridades venezolanas desde diciembre de 2024. Nuestro representante reclamó que cesen las detenciones arbitrarias y que se garantice el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano argentino, así como su pronto regreso al país.
La postura expresada ante la OEA se enmarca en la línea diplomática que el Gobierno libertario sostiene desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, marcada por un alineamiento explícito con Estados Unidos en los foros multilaterales y por una política exterior más directa y menos ambigua frente a los conflictos de la región.

Desde una perspectiva regional, el respaldo del gobierno de Javier Milei a la acción en cuestión introduce un elemento de tensión en el escenario sudamericano, particularmente dentro del Mercosur. Si bien el bloque no cuenta con una política exterior común obligatoria, históricamente ha privilegiado la resolución pacífica de los conflictos y el respeto al principio de no intervención.
En ese marco, la posición argentina contrasta con la de otros países de la región que manifestaron reparos o críticas frente a la intervención de Estados Unidos. Para distintos analistas, este giro puede leerse como un corrimiento de la tradicional cautela diplomática que caracterizó a la política exterior argentina en conflictos regionales de alta complejidad.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el respaldo explícito a la acción estadounidense, sin una referencia central a un mandato multilateral ni a los mecanismos previstos por la Carta de las Naciones Unidas, abre interrogantes sobre el criterio utilizado para compatibilizar la defensa de los derechos humanos con las normas que regulan el uso de la fuerza en el sistema internacional.
El dato político relevante no reside solo en el contenido de las declaraciones oficiales, sino en su grado de explicitud. A diferencia de etapas anteriores, la Argentina no apeló a fórmulas de neutralidad, mediación o ambigüedad estratégica, sino que adoptó una posición definida en respaldo de una de las partes involucradas.
Este cambio de tono y de enfoque redefine el lugar del país en el escenario regional: fortalece su alineamiento con Washington y, al mismo tiempo, reconfigura su relación política con los socios del Mercosur y con otros actores sudamericanos, en un contexto de creciente fragmentación regional.
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