Economía. La vejez bajo ajuste: el 27,4% del haber jubilatorio que no vuelve

El 27,4% no cayó del cielo ni fue un accidente técnico. Fue una decisión política. Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto la fórmula de actualización jubilatoria y convirtió a la inflación en el único criterio de ajuste. El resultado es simple y brutal: las jubilaciones dejaron de acompañar la vida real.

El cambio se implementó mediante el DNU 274/2024, que derogó la fórmula prevista por la Ley 27.609 -basada en salarios y recaudación- y la reemplazó por un esquema que solo mira los precios. En los papeles, el argumento es "ordenar". En la calle, es licuar.

Hoy, tras los aumentos de diciembre, la jubilación mínima sin bono alcanza los $340.886. Si la fórmula anterior siguiera vigente, ese mismo haber sería de $434.279. La diferencia -$93.393 por mes- no es una abstracción macroeconómica: es una compra grande de supermercado que no se hace, es un tratamiento médico que se estira, es el gas que se prende menos horas. Así lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

CEPA es claro: la fórmula derogada iba a empezar a rendir mejor cuando la inflación comenzara a bajar. Por eso fue eliminada antes. No por ineficaz, sino por inconveniente. Porque permitía recuperar. Porque devolvía algo de lo perdido. Porque chocaba con el objetivo central del modelo: ajustar rápido y abajo.

Con el esquema actual, advierte el centro de estudios, las jubilaciones pueden dejar de caer... pero nunca van a levantarse. El daño queda consolidado. La pérdida se vuelve piso.

La situación es todavía más cruel para quienes cobran la mínima. Desde marzo de 2024, el bono compensatorio está congelado en $70.000. Mientras los haberes básicos aumentaron 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la mínima con bono solo subió 101%. La diferencia se llama licuación y se siente todos los días.

Para que ese bono mantuviera su poder de compra original, en diciembre de 2025 debería haber sido de $177.485. No lo fue. Eso implica un recorte mensual de $107.485 para los jubilados de menores ingresos. Dicho sin eufemismos: a los que menos tienen, se les sacó más.

El resultado es contundente: las jubilaciones con bono están hoy 16,8% por debajo de los niveles del último trimestre del gobierno anterior. Y el deterioro no empezó de a poco: el inicio de la actual gestión significó un retroceso inmediato del 26,3% para jubilaciones sin bono y del 21,3% para las que lo perciben. El poder adquisitivo actual queda 3% por debajo del promedio de los años noventa. Sí, de los noventa.

Cuando el Congreso intentó corregir parte de este daño, el Poder Ejecutivo respondió con veto. En agosto de 2025 se anuló una ley que contemplaba un aumento excepcional del 7,2% y la actualización del bono a $110.000. De haberse aplicado, la mínima con bono habría llegado a $446.935, recuperando parte del terreno perdido. No pasó. Se eligió que no pase.

Como cierre -y como advertencia- la eliminación de la moratoria previsional en marzo de 2025 completa el cuadro. Sin esa herramienta, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria no pueden jubilarse. El destino es la PUAM, una pensión del 80% de la mínima y con mayor edad exigida para las mujeres. Más ajuste. Menos derechos.

El 27,4% no es un dato. Es una política de vejez pobre. Y también es una pregunta incómoda: qué sociedad decide equilibrar sus cuentas empujando a sus mayores a vivir con menos de lo mínimo.