9 de enero de 2026

País

País. Foro de Discapacidad denuncia al Gobierno: "Simulan cumplir la ley, pero no hay cambios reales"

La Justicia ordenó su aplicación inmediata en diciembre 2025, pero el informe presentado por el Ejecutivo en enero 2026 solo incluye trámites administrativos... ¡sin aumentos reales de aranceles, sin actualización de pensiones ni compensaciones concretas! Esto profundiza la crisis: prestadores al borde del cierre, familias sin apoyos esenciales y derechos vulnerados.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un duro reclamo reciente contra el gobierno de Javier Milei, calificando de "cumplimiento que incumple" la respuesta oficial ante la Justicia por la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).

Esta norma, sancionada por el Congreso en 2025 y vigente hasta fines de 2026 (prorrogable), busca garantizar prestaciones, actualizar aranceles, compensar brechas inflacionarias en pensiones y apoyos, y refinanciar deudas en el sistema de discapacidad.

El Ejecutivo inicialmente la suspendió por falta de fondos, pero un fallo judicial de diciembre 2025 ordenó su aplicación inmediata.

El Foro acusa al gobierno de una maniobra dilatoria: presentó un informe formal ante la Justicia (enero 2026) afirmando que "comenzó" a implementar la ley, pero sin medidas concretas como aumentos de aranceles, cronogramas de pago reales, compensaciones efectivas ni actualización de pensiones.

Denuncian que se usan cifras "sobredimensionadas" de gasto para justificar ajustes y estigmatizar a beneficiarios, profundizando la crisis en prestaciones y vulnerando derechos.

El Ministerio de Salud informó que inició pasos administrativos para cumplir, pero sin detalles inmediatos de vigencia plena (apelaron el fallo judicial).

Además, a fines de 2025 disolvieron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), trasladando funciones a una secretaría bajo Salud, argumentando irregularidades detectadas (como pensiones a fallecidos o facturaciones fraudulentas) y necesidad de transparencia y reducción burocrática tras un escándalo de supuestos sobornos.

Este reclamo se inscribe en tensiones continuas: protestas masivas en 2025 contra vetos y ajustes, con el colectivo denunciando abandono y discriminación.

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