10 de enero de 2026
El pacto birregional abre una ventana comercial y de inversiones a escala inédita, pero su puesta en marcha dependerá de un tramo político complejo y de ajustes técnicos exigentes. Un informe privado anticipa beneficios arancelarios amplios, mayor competencia en sectores sensibles y una agenda de sostenibilidad y trazabilidad que puede redefinir costos y estrategias empresarias.
El entendimiento de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur inaugura una etapa que, por volumen, apunta a integrar un universo equivalente al 25% del PIB mundial y un mercado de 780 millones de personas. Según el reporte, el impacto esperado podría impulsar un crecimiento del intercambio cercano al 40%.
El informe de LLYC subraya que el vínculo ya es significativo. En 2024, las transacciones de bienes superaron los 111.000 millones de euros: las exportaciones europeas al bloque sudamericano alcanzaron 55.200 millones, mientras las importaciones llegaron a 56.000 millones.
En esa matriz, Europa compra sobre todo productos agrícolas (42,7%), minerales (30,5%) y pulpa/papel (6,8%). A la inversa, vende principalmente maquinaria y aparatos (28,1%), químicos y farmacéuticos (25%) y equipos de transporte (12,1%).
Bajo el nuevo esquema, el tratado eliminaría o reduciría más del 90% de los aranceles bilaterales, lo que el documento presenta como un punto de giro para las cadenas de valor y la competitividad relativa de ambos lados del Atlántico.
Para el Mercosur, el reporte lo traduce como acceso preferencial para la agroindustria (carne, soja, cereales) y para minerales críticos, con el objetivo de achicar la brecha frente a países que ya tienen acuerdos con la UE.
Del lado europeo, el documento proyecta que las empresas podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos de aduana. Entre los rubros mejor posicionados aparecen automoción, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos.
Además, el pacto ofrecería un marco más previsible para propiedad intelectual y compras públicas, lo que podría mejorar el clima de negocios. En ese plano, LLYC plantea que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) europea en la región podrían duplicarse una vez que el tratado entre en vigor.

El informe también advierte que el potencial económico convive con "cuellos de botella" y riesgos que pueden condicionar los resultados.
Uno de los ejes es el cumplimiento: las empresas del Mercosur deberían adaptarse a estándares europeos especialmente estrictos en deforestación, trazabilidad y derechos laborales, lo que implicaría inversiones adicionales y cambios profundos en procesos productivos.
A la vez, la apertura arancelaria podría intensificar la competencia en manufacturas sensibles del Mercosur -como textil, calzado y metalmecánica- frente a bienes europeos. En Europa, el documento señala tensión política por la presión sobre el sector agroalimentario ante la entrada de productos como carne, cereales o legumbres (incluida la soja).
En el tramo político, el reporte menciona que la oposición de países como Francia, Polonia o Austria, motorizada por temores de sus sectores agrícolas, mantiene en duda la ratificación plena.
Para evitar demoras, aparece la alternativa de un Acuerdo Interino (iTA) que permitiría aplicar la parte comercial de forma inmediata a partir de 2026, tras aprobación del Parlamento Europeo y ratificación por los países del Mercosur. Sin embargo, el informe remarca una traba estructural: la falta de institucionalidad supranacional en el bloque sudamericano obliga a ratificaciones nacionales, y el rechazo de un solo miembro podría bloquear la entrada en vigor para todos.
El documento propone una hoja de ruta enfocada en preparación y ejecución: seguimiento permanente del proceso legislativo, lectura competitiva por sector, adecuaciones operativas para cumplir estándares ambientales, sanitarios y de certificación, y planes de modernización con sostenibilidad como eje.
En esa línea, Juan Ignacio Di Meglio, director senior de Asuntos Corporativos de LLYC en Argentina y autor del reporte, resume el desafío con una definición: "El éxito del acuerdo no se definirá únicamente en los Parlamentos, sino en la respuesta estratégica de los actores económicos para convertir esta apertura en inversión e innovación".
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