13 de enero de 2026
por
Melina Schweizer
La publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre volvió a activar una mecánica conocida en el país: el corrimiento automático de escalas impositivas para que la inflación no devore, al menos en el papel, los ingresos de trabajadores y pequeños contribuyentes. Ganancias y Monotributo se actualizan, pero el problema de fondo permanece intacto.
Con una inflación de diciembre del 2,8% y una suba acumulada que obliga a recalcular parámetros, las escalas del Monotributo aumentarán un 14,2% en todas sus categorías. La categoría más baja pasará a permitir ingresos anuales de poco más de $10,2 millones, mientras que la más alta superará por primera vez los $108 millones. El ajuste, sin embargo, no es solo hacia arriba: también lo hacen las cuotas, los aportes previsionales y los pagos a la obra social.
En paralelo, el impuesto a las Ganancias redefine su piso. Entre enero y junio de 2026, un trabajador soltero comenzará a tributar a partir de una remuneración bruta cercana a los $3 millones, con variaciones según cargas familiares. El mecanismo promete compensaciones retroactivas una vez que las tablas definitivas sean publicadas, aunque en la práctica eso implica meses de adelantos forzados a AFIP (ahora ARCA) y devoluciones diferidas.
Aquí es donde el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Como en las novelas de Saramago, los números avanzan con una lógica propia, autónoma, mientras las personas quedan atrapadas en un sistema que se ajusta a sí mismo pero no necesariamente a la vida real. Las escalas se mueven, pero los salarios corren siempre un paso atrás; los topes suben, pero el consumo sigue cayendo.
Estado corrige para no recaudar "de más" por efecto inflacionario, pero al mismo tiempo sostiene un esquema tributario cada vez más complejo, donde monotributistas y trabajadores deben navegar recategorizaciones, plazos, parámetros cruzados y sistemas que rara vez funcionan en tiempo y forma. La recategorización, obligatoria hasta principios de febrero, vuelve a trasladar la carga administrativa al contribuyente, como si el problema fuera individual y no estructural.
Desde una mirada social, el ajuste de escalas evita una injusticia mayor -que la inflación empuje a más personas al impuesto-, pero no resuelve la pérdida del poder adquisitivo ni la precarización del trabajo independiente. El monotributo sigue funcionando como un híbrido incómodo: ni empleo protegido ni verdadera autonomía económica, con aportes que suben más rápido que la facturación real en muchos rubros.
En términos macroeconómicos, estas actualizaciones buscan preservar la recaudación sin ampliar la base tributaria por la vía nominal. Sin embargo, en una economía estancada, con consumo retraído y salarios fragmentados, el efecto es limitado: se ordenan planillas, pero no se reactiva la vida cotidiana.
Hasta que la autoridad fiscal publique las escalas definitivas, los números seguirán siendo "provisorios". Pero aun cuando se oficialicen, la pregunta central seguirá sin respuesta: ¿puede un sistema impositivo pensado para la estabilidad funcionar en una economía que vive en emergencia permanente?
Como diría Saramago -si mirara estas tablas-, no es que falten cifras, sino que sobran silencios. Y en esos silencios se juega la distancia entre la contabilidad del Estado y la experiencia concreta de quienes trabajan, facturan y pagan, cada mes, en un país donde los impuestos se actualizan más rápido que la tranquilidad.
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