13 de enero de 2026
Por fuera del anuncio técnico y del tono monocorde de los comunicados oficiales, la actualización de las bandas cambiarias al 2,8% mensual, en línea con la inflación de diciembre informada por el INDEC, encierra una definición política profunda: el Gobierno decidió que el dólar ya no sea un ancla contra los precios, sino un espejo tardío de la inflación pasada, aun sabiendo que ese reflejo se proyecta directamente sobre el costo de vida de la población.
Con el nuevo ajuste, el techo de la banda cambiaria alcanzará los $1600 a fines de febrero, mientras que el piso caerá a la zona de los $870. No se trata de cifras abstractas ni de una ingeniería lejana al día a día: esas bandas delimitan el rango dentro del cual se moverá el dólar oficial, y por extensión, condicionan el precio de alimentos, combustibles, transporte, insumos industriales y servicios básicos en una economía estructuralmente dolarizada.
El esquema debutó el 2 de enero de 2026 con un piso de $914,78 y un techo de $1529,03. Para el cierre de enero, esos valores ya habrán descendido a $894,10 y ascendido a $1563,51, respectivamente. La regla es clara: todos los días el dólar se mueve un poco, hasta completar al final del mes el ajuste equivalente a la inflación informada dos meses atrás. No hay saltos bruscos, pero tampoco hay descanso.
El Banco Central lo presenta como un mecanismo para "evitar movimientos extremos". En la práctica, funciona como un sistema de normalización de la pérdida, donde el ajuste ya no es traumático, pero sí constante, previsible y acumulativo. La economía no estalla; se erosiona.

Los beneficiarios del nuevo régimen son identificables y cuantificables. Pues los mismo de siempre, los de la bicicleta financiara esos con ingresos dolarizados, los exportadores, los grandes jugadores financieros y quienes tienen capacidad de cobertura cambiaria. Para ellos, el mensaje es tranquilizador: el dólar no quedará artificialmente atrasado, no habrá sobresaltos que licúen activos, y el Estado garantiza previsibilidad. La estabilidad, para estos actores, no es un valor moral: es una condición de rentabilidad.
También gana el propio Gobierno en términos de relato macroeconómico. Con una inflación anual de 31,5% en 2025, la más baja desde 2017, y con un dólar que se mueve "ordenadamente", el programa puede exhibirse como exitoso en términos técnicos, aun cuando el éxito se mida exclusivamente en variables financieras y no en calidad de vida.
El Banco Central, además, mostró músculo en los primeros días del año: compró más de US$270 millones en apenas seis jornadas hábiles, incluso después de afrontar pagos de deuda. Reservas que crecen, plan que se sostiene, credibilidad que se vende. La foto cierra.

Pierden quienes cobran en pesos.
Pierden quienes alquilan, quienes viajan, quienes comen, quienes dependen de ingresos fijos que no se ajustan ni diaria ni mensualmente al ritmo de la inflación. Porque mientras el dólar sube 2,8%, los salarios lo hacen -cuando lo hacen- en negociaciones fragmentadas, tardías y siempre por detrás.
La consecuencia es matemática:si el dólar sube al ritmo de la inflación pasada, los precios se ajustan mirando ese dólar, y los ingresos llegan después, la pérdida de poder adquisitivo deja de ser una anomalía y se convierte en política pública implícita.
No hay shock, pero hay licuación.
El nuevo régimen no busca que la gente viva mejor. Busca que se acostumbre. A pagar más sin protestar. A perder de a poco. A aceptar que "no se puede de otra manera". La estabilidad ya no se promete como bienestar, sino como resignación ordenada.
La inflación baja no llega acompañada de alivio social. Llega con un país más caro, con servicios regulados que siguen subiendo, con transporte y energía liderando los aumentos, y con un consumo que se sostiene a fuerza de endeudamiento y recorte. La macro se ordena mientras la micro se achica.
El poder, cuando logra que el daño sea gradual y técnicamente explicable, deja de necesitar violencia explícita. Le alcanza con gráficos, comunicados y conferencias de prensa. La economía se vuelve un lenguaje cerrado, y la vida cotidiana, una nota al pie.
La pregunta central no es si el esquema funciona. Funciona. La pregunta es para quién.
Funciona para los mercados.
Funciona para los balances.
Funciona para los informes.
Pero para millones de personas, el resultado es un país donde todo sube un poco todos los meses, donde el sueldo siempre corre detrás, y donde la promesa de estabilidad se parece cada vez más a una forma sofisticada de acostumbramiento al ajuste.
No hay caos.
Hay desgaste.
Y eso también es una decisión política.
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