Política. La Patagonia arde, el Estado discute y la interna gobierna

Mientras más de 1.200 hectáreas ya fueron consumidas por el fuego en Chubut, con viviendas destruidas, evacuaciones masivas y brigadistas trabajando al límite físico y humano, el Estado nacional parece atrapado en una escena conocida: discutir responsabilidades cuando el daño ya está hecho.

El incendio avanza más rápido que la coordinación institucional. Y no porque falten leyes.

En este contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció con un mensaje solemne, constitucionalista y penalista: habló de endurecer penas, citó el artículo 41 de la Constitución Nacional y reclamó una "coordinación más eficiente" entre Nación y provincias. El texto es correcto. El tono, impecable. El problema no es lo que dice, sino cuándo, desde dónde y contra qué silencio lo dice.

Los números que no entran en el discurso

Hasta el momento, los incendios en la Patagonia ya arrasaron con unas 12.000 hectáreas en distintos focos activos, particularmente en zonas de Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada. Miles de personas debieron ser evacuadas. Brigadistas denuncian precarización laboral, falta de equipamiento, salarios bajos y contratos inestables. No es una novedad: es un reclamo estructural que se repite cada verano, como el fuego.

La diferencia es el contexto político. Hoy esos incendios ocurren bajo un gobierno que redujo partidas ambientales, achicó programas, desfinanció áreas clave y convirtió la palabra ajuste en doctrina. Y el fuego, como la inflación o la pobreza, no responde a discursos, responde a presupuesto, prevención y capacidad operativa.

Penas duras, Estado blando

Villarruel propone agravar penas para quienes inicien incendios. Nadie discute que el dolo debe ser castigado. Pero la insistencia penal aparece como un desplazamiento cómodo: poner el foco en el castigo futuro mientras se evita discutir el abandono presente.

Porque los incendios no se apagan con el Código Penal en la mano.
Se apagan con brigadas bien pagas, aviones hidrantes operativos, planificación territorial, prevención y un Estado que llegue antes, no después.

Endurecer penas sin fortalecer el sistema de combate al fuego es como discutir la condena del ladrón mientras se apagan las cámaras y se abre la puerta. Muy firme el discurso, muy floja la estructura.

La interna: cuando el poder no se coordina ni para la emergencia

El mensaje de Villarruel también expone algo más profundo: la fractura interna del gobierno. No es la primera vez que la vicepresidenta marca diferencias con Javier Milei, especialmente en áreas donde el ajuste muestra su cara más áspera.

La escena recuerda una fórmula conocida en la política argentina: presidente y vice caminando en paralelo, hablando idiomas distintos, compitiendo por la representación simbólica del orden, la ley o la moral pública. La diferencia es que esta vez no hay rosales, sillones ni cartas públicas: hay fuego, humo y gente evacuada.

Mientras el Ejecutivo sostiene el recorte, la Vice apela a la Constitución. Mientras uno habla de mercado, la otra habla de bienes comunes. El problema no es la diversidad de miradas: es que no gobiernan juntas, y la emergencia no espera que se pongan de acuerdo.

En Argentina, cuando todo se prende fuego, siempre hay alguien discutiendo quién trae el matafuegos... y quién lo paga. Mientras tanto, el incendio no se afilia, no vota y no espera conferencia de prensa.

La Patagonia no se quema por falta de leyes. Se quema porque el Estado llega tarde, fragmentado y discutiéndose a sí mismo. Y el fuego, como la realidad, no entiende de internas.