14 de enero de 2026
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, negó formalmente ante la Justicia que exista riesgo alguno en la continuidad del financiamiento y la asistencia alimentaria destinada a comedores y merenderos, y rechazó una denuncia impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Según informó la cartera, el escrito judicial presentado contradice "los discursos de urgencia y emergencia alimentaria utilizados con fines políticos y mediáticos por sectores de la oposición".


Según el comunicado oficial, la asociación convocada rechazó el 7 de enero, vía correo electrónico, asistir a la firma de los convenios, argumentando que sus autoridades se encontraban de vacaciones. Para el Ministerio, ese hecho resulta central: mientras se denunciaba una situación de emergencia ante la Justicia, las propias organizaciones beneficiarias no avanzaban con el trámite administrativo necesario para habilitar los fondos.
Desde Capital Humano calificaron la conducta como "inadmisible" y afirmaron que existe una contradicción entre el relato de urgencia y las acciones concretas de las organizaciones involucradas. En ese marco, el Ministerio sostuvo que la denuncia responde a una estrategia de confrontación política, orientada a generar conflicto, desprestigiar a la institución y a su titular, y utilizar el sistema judicial como herramienta de presión. Además, denunció la presencia de actores que "lucran con la intermediación de la pobreza" y priorizan la disputa política por sobre la resolución efectiva de las necesidades alimentarias.

El episodio se inscribe en un escenario de reconfiguración del sistema de asistencia social, donde el Gobierno busca reducir intermediaciones y avanzar hacia convenios directos, mientras organizaciones sociales denuncian recortes, demoras y pérdida de capacidad operativa.
Por ahora, el dato duro es uno: el Ministerio asegura que los fondos estaban disponibles, pero los convenios no se firmaron.
La disputa ya no es solo administrativa.
Es política, judicial y simbólica: quién representa a los sectores vulnerables y quién decide cómo se distribuye la ayuda del Estado.
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