14 de enero de 2026
Mientras los incendios forestales siguen arrasando amplias zonas del sur argentino, el gobernador de Ignacio Torres puso una definición incómoda sobre la mesa: quemar un bosque no es un delito menor, es un crimen ambiental. Por eso pidió avanzar con una Ley de Ecocidio, que contemple penas severas y proporcionales al daño causado.
"La persona que incendia un bosque de manera intencional debería estar presa el mismo tiempo que tarda ese bosque nativo en recuperarse", afirmó el mandatario. La frase no es solo punitiva: es simbólica. Propone medir la condena no por el daño económico, sino por el tiempo de la naturaleza, ese que el sistema judicial suele ignorar.

Torres respaldó un proyecto que incorpora la figura penal de ecocidio, impulsado en el Senado por la legisladora chubutense Edith Terenzi, una iniciativa que -según remarcó- "se viene reclamando hace años" sin lograr consenso político real.
El reclamo no surge en abstracto. El gobernador recordó un caso ocurrido en 2025 en Cholila, donde dos personas fueron detenidas en flagrancia mientras incendiaban un campo por un conflicto vecinal. Fueron condenadas. Cumplieron menos de un mes de prisión. El bosque, en cambio, tardará décadas en regenerarse.
Ahí está el nudo del problema: la desproporción brutal entre el daño ambiental y la respuesta penal.

En paralelo, Torres confirmó que se esperan lluvias que podrían aliviar la situación en las zonas afectadas y anunció la llegada de fondos de emergencia para asistir a las familias que "perdieron absolutamente todo". Pero el eje de su intervención no fue solo la coyuntura climática, sino la estructura de impunidad que rodea a los incendios intencionales.
En ese marco, destacó el trabajo conjunto entre Nación y provincia, sin distinción de jurisdicciones, incluso dentro del Parque Nacional Los Alerces. "No hubo mezquindades político-partidarias", sostuvo, y subrayó el despliegue inédito de aviones hidrantes y helicópteros, con respaldo del Gobierno nacional.
También reconoció la intervención temprana del ministro del Interior, Diego Santilli, como parte de un operativo coordinado desde el inicio.

Más que castigo: un cambio de paradigma
La discusión que abre Torres va más allá de Chubut. Interpela al sistema político y judicial en su conjunto: ¿qué vale más, una hectárea de bosque o una propiedad privada?, ¿por qué los delitos ambientales siguen tratados como faltas menores?, ¿cuánto tiempo más se va a tolerar que el daño ecológico quede prácticamente impune?.
Nombrar el ecocidio no es solo endurecer penas. Es reconocer que la destrucción deliberada de la naturaleza es una forma de violencia estructural, con consecuencias sociales, económicas y humanas.
Porque cuando el bosque arde, no se quema solo un paisaje. Se quema el futuro.
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