16 de enero de 2026
Patricio Cruz Viale está imputado por abuso sexual a una feligresa de 46 años en su despacho tras una misa. De la cárcel de Bouwer a su casa, mientras aguarda juicio en junio 2026. El Fiscal en contra, Schoenstatt lo respalda con solidaridad. Abuso agravado por ser ministro de culto.
El religioso estuvo detenido desde noviembre de 2024 en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, donde cumplía prisión preventiva.
La
Justicia de Córdoba concedió prisión domiciliaria al sacerdote Patricio Cruz
Viale, de 57 años, perteneciente al movimiento católico Schoenstatt.
El
beneficio fue otorgado por la Cámara en lo Criminal y Correccional de 4°
Nominación el pasado 30 de diciembre de 2025, aunque trascendió públicamente en
las últimas horas (enero 2026).
Cruz
Viale está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su
condición de ministro de culto (artículo 119 del Código Penal).
La
denuncia proviene de una feligresa de 46 años, quien relató que el hecho
ocurrió a principios de 2024 en el despacho del sacerdote, ubicado en la sede
del movimiento Schoenstatt (avenida Rafael Núñez, zona noroeste de la capital
cordobesa, entre los barrios Cerro de las Rosas y Alto Verde), tras una
celebración religiosa.
El
religioso estuvo detenido desde noviembre de 2024 en el Complejo Carcelario N°1
de Bouwer, donde cumplía prisión preventiva.
Ahora
podrá aguardar en su domicilio el juicio oral, fijado para el 1° de junio de
2026.
El
Ministerio Público Fiscal (a cargo inicialmente del fiscal Juan Ávila
Echenique) se opuso al beneficio, argumentando que podría entorpecer las
declaraciones de la víctima y testigos, e interferir en la investigación. Sin
embargo, la Cámara lo concedió.
El
movimiento Schoenstatt expresó respaldo público al sacerdote, con acciones de
solidaridad y acompañamiento desde la congregación.
La
defensa ha señalado que existía una relación de larga data con la denunciante,
y que él era su guía espiritual.
Este
caso se enmarca en un contexto más amplio de denuncias por abusos en espacios
vinculados a instituciones religiosas en Córdoba, aunque no involucra menores
en este hecho específico.
La
resolución ha generado debate en medios y redes por el agravante de la posición
de poder del imputado.
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