21 de enero de 2026
El gobernador Gustavo Melella la rechazó fuerte: la calificó de "irresponsable", "innecesaria" y "maniobra política". Afirmó que el puerto funciona con normalidad y anticipó que irá a la Justicia.
El
gobierno de Javier Milei intervino el Puerto de Ushuaia (Tierra del Fuego) por
un período de 12 meses, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación
(ANPyN).
La medida se anunció recientemente y generó fuerte controversia, especialmente porque ocurre en plena temporada alta de cruceros (que va de septiembre a marzo/abril), un período clave para la economía local con récord de arribos de buques antárticos y miles de turistas.
Razones
alegadas por el gobierno nacional
Reacción
del gobierno provincial y opositores
El
gobernador Gustavo Melella rechazó duramente la decisión, calificándola de
"irresponsable" y "maniobra política".
Afirmó
que el puerto opera con normalidad, atraviesa una temporada récord (proyectando
superar los 173.000 pasajeros de cruceros de temporadas previas) y que no hay
problemas de seguridad ni infraestructura que justifiquen la intervención.
La
provincia anticipó que recurrirá a la Justicia para cuestionar la medida, y hay
menciones a amparos y repudios desde sectores sindicales y políticos locales
(incluyendo denuncias de ingreso de fuerzas de seguridad como gendarmería).
Desde
la izquierda y otros sectores, se critica la intervención como
"privatista" o centralista, exigiendo el cese inmediato y el retiro
de fuerzas represivas.
Ushuaia
es la principal puerta de entrada al turismo antártico y un nodo logístico
estratégico.
La
intervención suma tensión entre Nación y Tierra del Fuego (gobernada por un
peronista), en un año de varias pulseadas federales.
El
gobierno nacional defiende la medida como necesaria para corregir
irregularidades y garantizar el funcionamiento eficiente, mientras que desde la
provincia lo ven como una intromisión que genera incertidumbre en un momento
pico de actividad.
El
tema escaló rápido en medios y redes, con titulares que lo llaman
"escándalo en el sur". Por ahora, no hay indicios que la operación
del puerto se haya visto afectada gravemente (según el gobernador, funciona con
excelencia), pero el conflicto político y judicial recién comienza.
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