23 de enero de 2026

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País. Tras los feroces incendios en el sur, propusieron incluir la figura de "ecocidio" en el Código Penal

Mientras avanzan los incendios forestales en Chubut y otras provincias del sur, la Unión Cívica Radical solicitó al Gobierno que incorpore el delito de ecocidio en la reforma del Código Penal y exigió explicaciones por la ejecución del presupuesto destinado al manejo del fuego.

En medio de la grave situación por los incendios forestales en la Patagonia Argentina y a la espera del debate sobre la reforma del Código Penal, la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un reclamo formal a través de un comunicado para incorporar la figura penal de ecocidio con el objetivo de sancionar severamente a quienes causen daños ambientales, al tiempo que exigió mayor presupuesto para el Plan Nacional de Manejo del Fuego y la ampliación de partidas para su financiamiento.

El Comité Nacional de la UCR solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que incluya en la próxima reforma del Código Penal la creación del delito de ecocidio, con el propósito de sancionar jurídicamente a los responsables de incendios de vegetación que ocasionen graves daños al ambiente. Esta petición se da en el contexto de que el Gobierno ya había anunciado la inclusión de la reforma penal en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación pero priorizó la discusión del Presupuesto 2026 y otros proyectos, dejando sin tratar la modificación de los delitos ambientales.

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Según el documento difundido por la UCR, la incorporación de la figura penal del ecocidio permitiría aplicarla a quienes provocan incendios de forma intencional o negligente, otorgando un marco legal más estricto para la protección del entorno natural. El reclamo también estuvo acompañado por una campaña de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, con el fin de apoyar las tareas de combate de incendios en la zona afectada.


Comunicado publicado por el Comité Nacional radical.

La UCR denunció además la subejecución del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que según su comunicado implicaría la falta de uso de aproximadamente 20.000 millones de pesos que podían haberse destinado a fortalecer el sistema nacional y los operativos provinciales. En ese sentido, exigieron informes sobre la gestión de la política ambiental vigente y la ampliación de las partidas presupuestarias dirigidas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego.

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En el ámbito legislativo, ya existe un proyecto con estado parlamentario en la Cámara de Diputados que propone formalmente la creación del delito de ecocidio, firmado por varios legisladores de diferentes bloques. El texto prevé modificar el artículo 186 del Código Penal de la Nación para elevar las penas a quienes causen daños ecológicos graves por medio de incendios, explosiones u otros procesos destructivos. Dicho proyecto establece que quien cause un daño ecológico grave será sancionado "con prisión de cinco (5) a quince (15) años, y con inhabilitación especial por el término de diez (10) a veinte (20) años", detallando explícitamente los actos que podrían ser encuadrados en este nuevo delito.

Otros proyectos con estado parlamentario impulsados por diferentes legisladores acompañan esta iniciativa. Uno de ellos, promovido por la senadora chubutense Edith Terenzi, define al ecocidio como "el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental". Otra propuesta anterior, de la exdiputada Soledad Carrizo, sugiere penas de prisión de cuatro a diez años para quienes cometan hechos equivalentes.

Paralelamente, la crisis de los incendios en la Patagonia dio lugar a otras iniciativas de distintos bloques del Congreso Nacional. Miembros de la oposición presentaron proyectos que buscan aumentar los recursos federales destinados a combatir el fuego, al igual que declarar un estado de emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica para las provincias afectadas, lo que facultaría al Ejecutivo a asignar fondos extraordinarios para asistencia, reconstrucción de infraestructura y otras medidas de apoyo para las familias damnificadas.

Además, existen propuestas que se enfocan en fortalecer la capacidad operativa del Estado para enfrentar incendios, como la adquisición de aviones hidrantes especializados con una inversión autorizada de hasta 50 millones de dólares. Otra iniciativa impulsada por el Frente de Izquierda apunta a declarar la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y asegurar recursos plenos para responder ante estas crisis ambientales.

Hasta el momento, el gobierno nacional no ha manifestado señales de incluir explícitamente estos proyectos relacionados con la creación de la figura penal del ecocidio en el temario de las sesiones extraordinarias de marzo, prefiriendo concentrarse en la discusión de otras reformas, como la laboral, y en la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

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