La compulsa por la provisión de caños para el gasoducto estratégico entre Neuquén y Río Negro terminó con un cambio de libreto: el consorcio Southern Energy -integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía- adjudicó el contrato a la empresa india Welspun, desplazando al Grupo Techint, habitual proveedor de grandes obras de infraestructura energética en la Argentina.
La diferencia de precios fue el dato que dominó la escena. Según trascendió en el mercado, la propuesta de Welspun se ubicó un 40% por debajo de la presentada por la firma que lidera Paolo Rocca, un margen que, además del impacto económico, abrió un frente político en plena discusión sobre apertura comercial, compre nacional y el alcance del RIGI.
Un ducto clave para Vaca Muerta y el proyecto de GNL
La obra prevé la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de alrededor de 480 a 500 kilómetros, que conectará Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), punto considerado base logística del desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL).
En la licitación participaron más de 15 oferentes internacionales, con competidores de China, España, México y Turquía, entre otros mercados, pero la oferta más competitiva fue la de Welspun, uno de los mayores fabricantes globales de tubos de acero, con una capacidad instalada de 2.55 millones de toneladas anuales y plantas industriales en India, Estados Unidos y Arabia Saudita.

Sturzenegger festejó la adjudicación y apuntó al "costo argentino"
Con el resultado ya conocido, Federico Sturzenegger salió a defender públicamente la decisión -aunque se trate de una licitación entre privados- por el efecto que el precio tiene sobre la rentabilidad del proyecto y, por extensión, sobre inversión, empleo y exportaciones.
En un posteo en redes sociales que procesó Agencia Noticias Argentinas, el ministro sostuvo que "caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones", validando la competencia internacional bajo el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Además, planteó sin matices el argumento central del Gobierno frente a la discusión por el proveedor: "GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho, esa es la lógica del compre nacional, felizmente derogado), creo que eso es indefendible", señaló.
En esa línea, reforzó la idea de que el sobrecosto termina trasladándose a la economía real: "caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones". Y agregó: "Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores", añadió Srurzenegger. "Es el costo argentino que le dicen", lanzó.
El ministro también defendió el impacto macro de comprar más barato afuera: "cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica".
La tensión escaló: "first-refusal" y un quiebre con el grupo de Rocca
La disputa dejó de ser técnica para convertirse en un round político-empresarial. En la segunda parte del episodio, Sturzenegger endureció el tono y expuso el reclamo que, según su versión, buscó imponer Techint para quedarse con el contrato: la posibilidad de conocer ofertas ajenas y luego igualarlas.
En ese marco, el ministro sostuvo: "Techint habría ofrecido los caños 40% más caros" y volvió a machacar con el razonamiento económico. Después, lanzó una acusación directa sobre la dinámica posterior a la licitación: "Aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara", denunció Sturzenegger.
Sturzenegger fue más allá y argumentó que conceder esa ventaja distorsionaría cualquier competencia futura. "Si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría 'me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta'. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena", detalló Sturzenegger.
El factor YPF y el rol de Horacio Marín en la interna
El conflicto también dejó bajo la lupa a Horacio Marín, CEO de YPF, señalado en el circuito petrolero por haber impulsado alternativas para acercar posiciones con Techint. En el mundo corporativo recuerdan su recorrido previo en el grupo de Rocca, un dato que alimentó lecturas sobre el lobby cruzado en un negocio que, por escala y visibilidad, trasciende lo puramente comercial.
Del lado del consorcio Southern Energy, la decisión final fue avanzar con la oferta más barata, un criterio que el Gobierno convirtió en bandera para discutir competitividad y cuestionar los "sobrecostos" de la obra pública y privada en la Argentina.
Un antecedente que reabre preguntas sobre otras obras
El desenlace en favor de Welspun no solo condiciona el futuro inmediato del gasoducto: también reaviva la discusión sobre cómo se formaron precios en proyectos anteriores donde se impuso el proveedor local, y qué margen real existe para bajar costos cuando aparece competencia externa con escala global.
Con Vaca Muerta y el plan de GNL como telón de fondo, la adjudicación de los caños terminó funcionando como algo más que una decisión de abastecimiento: se transformó en un caso testigo sobre el nuevo clima de negocios que busca imponer el Gobierno, y sobre el tamaño del choque que está dispuesto a asumir con uno de los grupos industriales más influyentes del país.



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