27 de enero de 2026
El Estado argentino desestimó un pedido judicial presentado en Nueva York para precisar dónde se encuentran las reservas de oro, al considerar que el Tesoro no tiene acceso a los activos administrados por el Banco Central.
El Gobierno de la Nación Argentina notificó formalmente que no remitirá al tribunal estadounidense información sobre la localización de las reseras de oro que forman parte de las reservas internacionales del país, en el contexto de la causa que tramita en el Distrito Sur de Nueva York por la expropiación de YPF. El pedido original había sido planteado por los beneficiarios de un fallo que condenó al país a pagar una suma cercana a US$16.000 millones y que buscan identificar activos embargables para hacer efectiva esa sentencia.
La presentación judicial fue ingresada ante la jueza Loretta Preska, quien preside ese tribunal. La solicitud de información apuntaba a que el Estado argentino precise, entre otros datos, la cantidad, la ubicación física del oro y los movimientos de estas reservas, con el objetivo declarado de avanzar en la ejecución de la sentencia.
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Según lo difundido por el analista Sebastián Maril a través de redes sociales y recogido por la agencia de noticias, el Ejecutivo respondió que no estaba en condiciones de entregar esa información porque las reservas de oro no están bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía, sino que son propiedad del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entidad con autonomía legal e institucional respecto del Tesoro nacional. "El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información", señaló Maril.

Los demandantes buscan identificar activos para avanzar en la ejecución de la sentencia que condenó a la Argentina a pagar cerca de US$16.000 millones.
Además de declinar dar detalles sobre las reservas, el Gobierno se opuso a la solicitud para que el ministro de Economía, Luis Caputo, comparezca ante la justicia estadounidense con el fin de aportar declaraciones sobre el tema. En reemplazo, se indicó que cualquier requerimiento relacionado con estos activos debería ser canalizado directamente ante el BCRA.
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Los demandantes, fondos acreedores del caso YPF, habían argumentado en su escrito que la ausencia de información constituía una presunta estrategia para "evadir la ejecución de la sentencia", señalando que el Gobierno habría incumplido la orden de presentar un testigo con conocimiento directo sobre las reservas y su manejo. También solicitaron que, si persistía la negativa a revelar datos, el tribunal ordene la realización de una audiencia probatoria con testimonios de funcionarios con conocimiento, incluyendo a Caputo.
Este capítulo se suma a un historial de solicitudes de acceso a información sobre el oro argentino que han generado controversias institucionales. Organismos como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la sociedad civil habían reclamado conocer la ubicación y destino de los lingotes que el BCRA remitió al exterior, lo que en algunos casos derivó en disputas legales por acceso a la información pública.
Argentina, por su parte, apeló la sentencia condenatoria emitida por la jueza Preska y aguarda una resolución de la Corte de Apelaciones que podría modificar o ratificar el fallo. Mientras tanto, la negativa del Ejecutivo a proporcionar la información sobre las reservas de oro refuerza la postura oficial de que dicha responsabilidad corresponde al Banco Central, reforzando la separación jurídica entre las autoridades del Tesoro y la entidad monetaria.
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