Política. Senado bonaerense: piden prisión preventiva para dos empleados legislativos acusados de abusos y privación de la libertad

La investigación por presuntos abusos sexuales en el ámbito del Senado de la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un movimiento central: la fiscal Betina Lacki pidió al juez de garantías Juan Pablo Masi que ordene la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dos dirigentes kirchneristas y empleados legislativos imputados por una serie de hechos graves que habrían tenido como víctimas a trabajadoras parlamentarias y militantes de su mismo espacio.

El planteo llegó tras una semana de testimoniales en la que declararon docentes, estudiantes, amigas y compañeras de militancia de las denunciantes, además de la expareja de una de las víctimas y una funcionaria del Municipio de La Plata. Con ese cuadro, la fiscal sostuvo que la medida cautelar es necesaria para asegurar el avance del expediente y resguardar a las víctimas.

Ahora, el juez Masi convocó a una audiencia presencial para este viernes en La Plata, donde escuchará a los imputados y a la querella. Luego de ese trámite, resolverá si Rodríguez y Silva Muñoz continúan detenidos de manera preventiva.

Prisión preventiva: qué evaluará el juez Juan Pablo Masi

La solicitud de la fiscalía se apoya en lo reunido en la etapa reciente de declaraciones y en la gravedad de las imputaciones. La decisión final quedará en manos del juez, que deberá ponderar si existen riesgos procesales -como fuga o entorpecimiento- y si corresponde sostener la detención mientras se profundiza la investigación.

En ese sentido, Lacki argumentó en su requerimiento que existen "semiplena prueba e indicios vehementes" de los delitos investigados y subrayó que los relatos de las denunciantes fueron "sinceros y consistentes". También planteó que la pena en expectativa eleva el riesgo objetivo de fuga.

Nueve hechos: los delitos que se investigan y las denuncias

De acuerdo con la imputación vigente, Rodríguez y Silva Muñoz están acusados por abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio, con nueve hechos documentados. Las presentaciones fueron realizadas por cuatro mujeres: dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos en una radicada en 2025, bajo la instrucción de la UFI N° 2 de La Plata.

Según las denuncias, los imputados -que son pareja- habrían sostenido una dinámica repetida en el tiempo. Las víctimas, en su mayoría jóvenes, algunas adolescentes o recién mayores de edad, relataron que fueron captadas en ámbitos de militancia con promesas educativas o laborales vinculadas al Estado y, luego, ingresadas en un entramado de control y aislamiento.

"Orden de la Luz": el rol que describen las denunciantes

Las denunciantes declararon que, una vez ganada su confianza, fueron introducidas en una trama mística vinculada a la secta denominada "Orden de la Luz". En ese esquema, según los relatos incorporados, Rodríguez se presentaba como un "Dios Kiei" y Silva Muñoz como una "sensei".

Siempre según la acusación, Silva Muñoz coordinaba encuentros, persuadía a las víctimas y habría facilitado el acceso de su pareja, incluso presenciando algunos abusos. Al menos uno de los episodios denunciados habría ocurrido dentro de la Cámara de Senadores bonaerense, y también se describieron hechos de persecución y acorralamiento en domicilios.

Al ordenar las detenciones en diciembre, el juez Masi afirmó que había elementos para sostener que las víctimas eran "encerradas evitando que puedan escapar de la situación y así poder abusarlas", y que Silva Muñoz, pese a ser referente de género de la agrupación, "persuadía a las integrantes a quedar encerradas con Nicolás".

El caso escaló a la disputa política en Buenos Aires

Mientras el expediente avanza en sede judicial, el episodio se trasladó al plano político. El PRO bonaerense cuestionó al kirchnerismo por lo que definió como un "silencio" frente a los hechos y pidió explicaciones al gobernador Axel Kicillof y a la vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario.

En La Plata, el concejal Nicolás Morzone calificó el caso como una "desagradable película de terror" y presentó pedidos de informes dirigidos a Magario y al secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe. "¿Por qué el kirchnerismo guarda silencio frente a los abusos sexuales investigados en el Senado bonaerense?", planteó el edil, que además impulsó la creación de una comisión especial y solicitó que el intendente Julio Alak se presente como particular damnificado.

Con la audiencia del viernes como próxima estación, la causa entra en un tramo decisivo: el juez deberá resolver si sostiene la detención preventiva de los imputados mientras se profundiza una investigación que ya tiene impacto judicial y repercusión política.