30 de enero de 2026

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País. La Justicia confirmó que fueron 111 en total las muertes por Fentanilo adulterado

El listado definitivo, elaborado durante la Feria Judicial y remitido al Cuerpo Médico Forense, también contabiliza 48 sobrevivientes entre los 159 pacientes registrados, y podría agravar las imputaciones contra los procesados y detenidos, incluidos los propietarios de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

La causa judicial por la distribución e inoculación de fentanilo contaminado en centros de salud de varias provincias argentinas dio un giro crucial en las últimas horas, cuando la Justicia Federal oficializó la cifra final de víctimas fatales: 111 personas murieron luego de recibir el opioide adulterado, mientras que 48 pacientes sobrevivieron tras la exposición a la sustancia afectada.

El relevamiento que derivó en este número fue realizado durante la Feria Judicial, etapa en la que se analizaron en detalle 159 casos clínicos relacionados con la inoculación del potente anestésico. El listado completo de fallecidos fue remitido por el juzgado al Cuerpo Médico Forense, que ahora tiene la responsabilidad de estudiar las muestras y determinar de manera definitiva los factores vinculados a cada caso.

Según fuentes judiciales, la presencia de dos bacterias dentro del lote adulterado del fentanilo fue un factor agravante, ya que las pericias médicas determinaron que estas "incrementaron su riesgo de muerte" en pacientes que ya estaban en situaciones de salud frágiles al momento de la administración del medicamento.

Del análisis surge que, además de los fallecidos, un número significativo de pacientes logró sobrevivir a la infección provocada por la sustancia adulterada, aunque muchos de los que sobrevivieron padecieron complicaciones derivadas del deterioro ocasionado por la contaminación bacteriana.

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La investigación penal que se tramita en el Juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, cuenta con 14 procesados y detenidos por la presunta responsabilidad en la adulteración y distribución del lote del fármaco contaminado. Entre ellos se encuentra Ariel García Furfaro, empresario vinculado a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propietarios de la partida del opioide que fue asignado al uso público sanitario con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024.

El expediente detalla que García Furfaro y otros 16 integrantes de los equipos de ambos laboratorios tomaron "distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" del lote identificado como 31202, que luego se determinó como contaminado por fallas críticas en el proceso de elaboración. En la imputación se califica al empresario como "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales", tanto por las muertes confirmadas como por la peligrosidad que la droga adulterada representó para la salud pública.

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El Juzgado Federal remitió el listado definitivo al Cuerpo Médico Forense tras analizar 159 casos vinculados a la inoculación de fentanilo contaminado.

Una fuente allegada al expediente, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, enfatizó que "se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso", en referencia a la revisión exhaustiva de historiales clínicos, certificados de defunción y trazabilidad de los lotes investigados.

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La confirmación oficial de las 111 muertes por fentanilo contaminado se produce en medio de un reclamo sostenido por familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y penas contundentes para los responsables directos e indirectos de la tragedia sanitaria. A lo largo de más de seis meses de investigación, se llevaron a cabo al menos tres marchas en ciudades como La Plata y Rosario para mantener visible la demanda de sanciones y acompañar a quienes perdieron a sus seres queridos.

De cara a próximas etapas del proceso, el Cuerpo Médico Forense y los tribunales evaluarán si la actualización de las cifras y la evidencia recolectada permite agravar las imputaciones judiciales contra los acusados, quienes podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión si se ratifica su participación en la adulteración de un medicamento de uso clínico con consecuencias letales.

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