30 de enero de 2026
Un documento fechado el 29 de enero de 2025 expone un esquema de asesoramiento gratuito en blockchain e inteligencia artificial para el Estado, con cláusulas de reserva y puerta abierta a futuras negociaciones. La revelación suma presión política y alimenta preguntas por presuntas transferencias, intermediarios y la trazabilidad de fondos investigados.
Un documento reservado firmado a fines de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis expone un esquema de asesoramiento gratuito en blockchain e inteligencia artificial para el Estado. La revelación reavivó el debate por el token $LIBRA y por presuntas transferencias vinculadas al proyecto, hoy bajo investigación judicial y en el radar del Congreso de la Nación.
El texto, fechado el 29 de enero de 2025, plantea que Davis ofrecía servicios "ad honorem" orientados a modernizar procesos estatales con herramientas digitales. Entre los puntos mencionados figuran la automatización administrativa con contratos inteligentes, la digitalización segura de documentación pública (como títulos y certificados), el impulso a ecosistemas de innovación para startups y programas de capacitación para funcionarios en tecnologías emergentes.
En esa arquitectura, el compromiso central no es económico sino de reserva: el acuerdo hace foco en la confidencialidad de la información intercambiada y deja abierta la puerta a eventuales ampliaciones del asesoramiento hacia otras áreas vinculadas a su expertise.
La existencia del documento tomó volumen público por su proximidad temporal con el debut del token $LIBRA, que se disparó tras un posteo de Milei en redes -luego eliminado- y terminó con un desplome que derivó en denuncias y una investigación por presunta estafa.
En ese marco, la revelación del acuerdo alimentó las sospechas opositoras y reordenó el cerco de preguntas sobre quiénes participaron, qué rol tuvo cada actor y qué mecanismos de control se aplicaron (o no) alrededor de una iniciativa cripto que impactó en inversores.

El caso no se limita al plano político. Distintos reportes periodísticos señalan que billeteras atribuidas a Davis habrían enviado más de un millón de dólares en criptoactivos a intermediarios argentinos, con derivaciones posteriores hacia una presunta "cueva cripto", mientras avanzan verificaciones y pedidos de información.
Por ahora, no hay una reconstrucción única y definitiva: parte de esos movimientos forman parte del paquete de elementos que se buscan esclarecer en sede judicial y en instancias parlamentarias.
Davis figura como cofundador de Kelsier (mencionada en los artículos como parte de su entramado empresarial) y como un actor con capacidad de articular propuestas tecnológicas, contactos y ejecución en el universo cripto. El acuerdo lo presenta como asesor técnico gratuito; la controversia pública, en cambio, lo coloca en el centro de un episodio que combinó política, finanzas digitales y acusaciones cruzadas.
Con el derrumbe de $LIBRA como telón de fondo, la justicia argentina abrió expedientes para determinar si existieron delitos vinculados a la promoción del activo y a la operatoria posterior, mientras en el Congreso se multiplican los pedidos de explicaciones sobre transparencia, eventuales beneficios y circuitos de financiamiento alrededor del proyecto.
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