30 de enero de 2026
Documentos citados por la prensa internacional señalan que la Casa Rosada conversa con Washington un esquema de "tercer país" para derivar a la Argentina a extranjeros detenidos en la frontera. El eventual entendimiento, alineado con la ofensiva migratoria de Donald Trump, abre un debate político por sus costos, la infraestructura necesaria y el impacto interno.
El Gobierno Nacional mantiene conversaciones con Estados Unidos para avanzar en un convenio que permitiría recibir deportaciones provenientes del país que gobierna Donald Trump, de acuerdo con una publicación de The New York Times.
Según los documentos oficiales citados en la nota, las tratativas se enmarcan en los acuerdos de deportación con "terceros países", una herramienta que la Casa Blanca viene usando para acelerar expulsiones y resolver casos de migrantes cuyos retornos directos a sus países de origen se traban por razones diplomáticas o documentales.
En ese esquema, el eventual acuerdo habilitaría a Washington a enviar ciudadanos extranjeros a la Argentina para que desde aquí se les ofrezcan vuelos de regreso. La propuesta, siempre según los registros citados, contemplaría recibir a personas detenidas cerca de la frontera estadounidense poco tiempo después de haber ingresado de manera ilegal.
Las conversaciones se dan en paralelo al giro discursivo de Javier Milei en materia migratoria y a su búsqueda de profundizar el vínculo con Estados Unidos, un punto que la cobertura internacional leyó como parte del acercamiento político entre ambas administraciones.
En la reconstrucción de ese contexto, el artículo citado también recordó declaraciones públicas del mandatario argentino y la adopción del término "invasión" por parte de aliados oficiales para describir la inmigración, junto con propuestas para endurecer el acceso de migrantes a servicios públicos y acelerar deportaciones de extranjeros con antecedentes penales.

La nota señaló que todavía no hay acuerdo cerrado y que persisten discusiones sobre la implementación. "Los detalles sobre la implementación del acuerdo siguen en discusión: la administración de Milei ha expresado preocupación por el riesgo de una reacción negativa de la opinión pública y por sus propios esfuerzos para limitar la migración hacia la Argentina, según los registros gubernamentales".
También advirtió sobre límites operativos. "Otros obstáculos incluyen la posible carga financiera para la Argentina en medio de los recortes presupuestarios implementados por el presidente Milei y la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes, señalan los registros", agrega el artículo.
El formato "tercer país" no es nuevo: distintos gobiernos de la región aceptaron recibir deportados de otras nacionalidades a pedido de Washington, en medio de la estrategia de deportaciones masivas y con cuestionamientos públicos y judiciales en algunos casos.
En esa línea, la cobertura mencionó ejemplos de países que ya fueron receptores, como Costa Rica, El Salvador y Panamá, y el hecho de que estas medidas enfrentaron impugnaciones, aunque en varios casos la continuidad del esquema no se frenó.
El eventual entendimiento aparece, además, en un momento en que el Ejecutivo busca mostrar endurecimiento fronterizo. En ese escenario, el artículo sostuvo que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó esta semana en una publicación en X que 5.000 inmigrantes habían sido "expulsados, se les había negado el ingreso o habían sido extraditados" durante los últimos dos meses, "rompiendo un récord histórico nacional".
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