31 de enero de 2026

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Mundo. Delcy Rodríguez impulsa una amnistía general en Venezuela y ordena cerrar El Helicoide

La iniciativa, que será enviada "con carácter de urgencia" al Parlamento, apunta a abarcar el ciclo de conflictividad política desde 1999. Organizaciones de derechos humanos acompañan el debate con cautela y reclaman que las liberaciones sean entendidas como restitución de garantías, no como un gesto discrecional.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una amnistía general en Venezuela, a pocas semanas de asumir el poder tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos. El anuncio se realizó durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un acto transmitido por Venezolana de Televisión.

Rodríguez, que llegó a la presidencia interina luego de haber sido vicepresidenta de Maduro, sostuvo que la ley será presentada ante la Asamblea Nacional (AN) -de mayoría oficialista- "con carácter de urgencia". Según explicó, el propósito es abarcar todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente.

Qué dijo Delcy Rodríguez sobre el alcance de la amnistía

En su exposición, la mandataria planteó que el objetivo de la norma será desescalar el clima de confrontación y abrir una etapa de recomposición social. En ese marco, afirmó que la iniciativa busca "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos".

Además, Rodríguez pidió de forma explícita a los presos políticos y a quienes ya obtuvieron medidas de excarcelación que no prevalezcan "la venganza, la revancha ni el odio".

Por ahora, el texto del proyecto no fue difundido públicamente, por lo que todavía no están claros los criterios concretos que se usarán para determinar quiénes serán beneficiados.

Exclusiones: qué delitos quedarían afuera

Según lo informado en el anuncio, la propuesta de ley no alcanzaría a personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

Esa delimitación abre uno de los puntos sensibles del debate: cómo se definirá el umbral para excluir casos y qué estándares probatorios se aplicarán en expedientes que organizaciones humanitarias consideran atravesados por arbitrariedades.

Excarcelaciones "a cuentagotas" y cifras bajo disputa

El anuncio se da en paralelo a un proceso de liberaciones iniciado el 8 de enero, que viene avanzando con lentitud, según denuncian organismos de seguimiento.

La organización Foro Penal, especializada en defensa de presos políticos, sostiene que Venezuela mantiene 711 personas detenidas por motivos políticos. A la vez, indicó que desde el inicio de la nueva gestión fueron liberadas 302.

Sin embargo, la misma ONG advierte que aún persisten más de 11.000 personas con restricciones arbitrarias de su libertad, un universo que incluye medidas que no necesariamente implican prisión, pero sí condicionamientos sobre derechos y movimientos.

El Helicoide: cierre y reconversión del predio

Como parte del paquete de medidas, Rodríguez ordenó el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, señalada por organizaciones de derechos humanos y la oposición como un centro de torturas.

Según informó, el inmueble será transformado en un espacio social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.

Reacciones de ONG y un reclamo: "restitución de derechos"

La decisión fue recibida con cautela por distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad, Foro Penal y Provea, que desde hace años reclaman una amnistía general para quienes consideran presos políticos.

En los días previos al anuncio, esas organizaciones habían impulsado una propuesta formal que incluía a luchadores sociales, periodistas, militares y activistas perseguidos o privados de libertad en el marco de movilizaciones postelectorales.

En ese contexto, los organismos advirtieron que la liberación de detenidos "no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales". Provea, además, remarcó que las personas encarceladas lo fueron por ejercer derechos contemplados por instrumentos internacionales y por la legislación venezolana.

Tres antecedentes de amnistias

En diciembre de 2007, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó una ley de amnistía para personas involucradas en el golpe de Estado de 2002. En 2016, la Asamblea Nacional aprobó una norma similar, pero el TSJ la declaró inconstitucional y no se aplicó.

Más adelante, en 2020, Maduro decretó 110 indultos a opositores y actores sociales antes de las elecciones legislativas de ese año. Aun así, el Gobierno negó reiteradamente la existencia de presos políticos, al argumentar que se trataba de causas vinculadas a delitos como terrorismo.

Qué viene ahora: el trámite en la Asamblea Nacional

La iniciativa de Rodríguez dependerá ahora del proceso legislativo en la Asamblea Nacional, donde se definirá el contenido final del proyecto, sus condiciones de aplicación y el mecanismo para instrumentar beneficios.

Mientras tanto, organizaciones nacionales e internacionales anticipan que mantendrán el seguimiento sobre el alcance real de la norma, en un escenario donde la discusión sobre amnistía, libertades civiles y responsabilidades penales promete escalar en el plano político y judicial.

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