País. La Iglesia cuestiona la baja de imputabilidad y pide "más oportunidades que penas"

La conducción de la Conferencia Episcopal Argentina fijó postura sobre la iniciativa que impulsa el Gobierno Nacional para reducir la responsabilidad penal en la adolescencia y pidió que el debate no quede limitado a una respuesta punitiva.

En paralelo, el oficialismo busca reactivar en el Congreso de la Nación Argentina un nuevo régimen penal juvenil con umbral de 14 años, un tope de 15 para delitos graves y un esquema amplio de medidas alternativas.

"Más oportunidades que penas": el mensaje de la Iglesia

En un comunicado difundido este sábado, la Iglesia expresó cercanía con quienes sufren hechos delictivos, pero advirtió que la discusión pública no puede agotarse en la edad de imputabilidad. El texto, titulado "Más oportunidades que penas", retoma preguntas que la Pastoral Social había planteado en marzo de 2025, entre ellas: "¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?" y "¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?".

En ese marco, los obispos reafirmaron que es "imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza".

San Juan Bosco y el enfoque en educación y comunidad

El documento también vincula el posicionamiento con los 150 años de presencia salesiana en el país y destaca un modelo basado en cercanía adulta, trabajo, educación y vida comunitaria como herramientas de desarrollo.

La Comisión Ejecutiva subrayó la necesidad de reforzar políticas educativas y comunitarias, además de construir alternativas preventivas. Y remarcó que la prevención requiere del sostén de las familias, una comunidad comprometida y un Estado presente.

El texto fue firmado por Marcelo D. Colombo, Ángel S. Card. Rossi, Cesar Daniel Fernández y Raúl Pizarro.

Qué propone el Gobierno para llevar el debate al Congreso

El Gobierno incluyó el tema en sesiones extraordinarias en un contexto atravesado por el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a "alinear" la normativa local con otros países de la región, con pisos de responsabilidad penal más bajos, como Chile, Colombia y Perú (14 años), y Brasil y México (12 años).

Tras el recambio legislativo, el dictamen previo perdió estado parlamentario, por lo que el tratamiento debe reiniciarse. En La Libertad Avanza aseguran que buscarán retomar acuerdos ya trabajados con PRO, Unión Cívica Radical y bloques provinciales.

Penas, alternativas y límites al encierro

Uno de los ejes del proyecto es fijar en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Para delitos graves -como homicidio, abuso sexual o secuestro- establece una pena máxima de 15 años de prisión, con la prohibición de reclusión perpetua incluso ante concurso de delitos.

Para hechos con sanciones menores, el texto prioriza alternativas a la privación de libertad: tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento, reparación del daño y otras medidas. El encarcelamiento quedaría como último recurso y reservado para situaciones extremas.

Además, prevé que estas herramientas sustituyan la cárcel cuando la pena no exceda los tres años, o hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y escuchando a la víctima. También habilita suspensión del proceso a prueba y mediación penal juvenil para infracciones leves, siempre con participación de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Institutos especializados, equipos y resguardo de identidad

La propuesta incorpora la creación de institutos especiales para menores condenados, con acceso garantizado a educación, salud y tratamientos por adicciones. También exige personal con formación en infancia y adolescencia y fija una prohibición absoluta: que menores y adultos compartan lugares de detención.

En paralelo, contempla intervenciones ante salud mental, consumo problemático o entornos familiares violentos, con notificación al juez civil en caso de internaciones. Para proteger a los adolescentes involucrados, prohíbe difundir datos personales salvo renuncia explícita del derecho e impone la intervención inmediata de una asesoría tutelar y la comunicación a padres o responsables desde el inicio.

El punto que tensa con las provincias

El proyecto incluye exigencias de infraestructura -nuevos espacios y dispositivos de cumplimiento- y eso abrió un frente con gobernadores, que reclaman partidas específicas para sostener las instalaciones y el esquema de supervisión especializada.