Sucesos. El Ejecutivo pide fin a la domiciliaria de Milagro Sala: busca que cumpla condena "tras las rejas"

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Justicia (bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona), presentó un pedido formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se revoque la prisión domiciliaria de Milagro Sala y se ordene que cumpla el resto de su condena en una cárcel común.

Este planteo se dio a conocer este jueves 5 de febrero, pocos días después de cumplirse 10 años desde su detención inicial (el 16 de enero de 2016).

Sala, líder de la Organización Tupac Amaru, cumple actualmente prisión domiciliaria desde 2017, por disposición de la Corte Interamericana (que otorgó medidas cautelares considerando su estado de salud y otras circunstancias).

Razones del Gobierno

El Ejecutivo fundamenta su solicitud en varios puntos clave:

• Sala tiene una condena firme de 15 años de prisión (más inhabilitación absoluta) por delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (principalmente en la causa conocida como "Pibes Villeros", relacionada con irregularidades en la construcción de viviendas sociales en Jujuy).
• Ya cumplió dos tercios de la pena (alcanzó los 10 años efectivos de detención).
• El régimen domiciliario se considera una "excepción injustificada" y un "beneficio" que no corresponde a condenados con sentencia firme.
• Alegan que Sala violó condiciones de la domiciliaria (por ejemplo, cambiando de ubicación sin autorización judicial, como una mudanza o traslados no informados).
• Rechazan las denuncias de "hostigamiento judicial" o persecución política planteadas por la defensa, argumentando que los derechos humanos no deben ser "privilegios" para criminales.

El comunicado oficial enfatiza que "hay un solo lugar para los criminales: la cárcel", y busca que cumpla "tras las rejas".

Contexto actual de Milagro Sala

Sala se encuentra en La Plata (provincia de Buenos Aires), donde fue trasladada por motivos de salud. Recientemente ha estado internada en un hospital (como en Gonnet), con su salud deteriorada según reportes de su entorno.

La defensa y sectores afines mantienen que su detención es arbitraria y parte de una persecución política desde el gobierno de Mauricio Macri (y continuada en gestiones posteriores), con más de una década de privación de libertad.

El pedido del Gobierno aún está en trámite ante la CIDH, que debe resolver si levanta o mantiene las medidas provisionales de 2017. No hay resolución inmediata confirmada.

Esta noticia generó repercusiones inmediatas en redes y medios, con posturas divididas: algunos la ven como un avance en igualdad ante la ley, mientras que otros la critican como ensañamiento o persecución selectiva.