6 de febrero de 2026
La entidad defendió su reconversión hacia un modelo digital y aseguró que el 90% de las transacciones ya se hace por canales online, mientras que el gremio denunció despidos, cambios que impactan en salarios y amenazas. La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia el 12 de febrero.
Banco Santander profundiza un proceso de reordenamiento operativo que incluye cierres de sucursales y una reorganización del esquema de atención al público, con foco en la migración hacia canales digitales. El avance del plan derivó en un nuevo choque con La Bancaria, que llevó el tema a la Secretaría de Trabajo y declaró el estado de alerta y movilización ante la posibilidad de más recortes.
En la audiencia realizada el jueves, Santander buscó sostener que el recorte de estructura física responde a un cambio de hábitos y no a una crisis. Según su postura, "estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90 por ciento de las transacciones se realizan de manera digital" y remarcaron que "en ese contexto, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo un 30% año a año".
Con ese argumento, la entidad planteó que los clientes tendrán alternativas para operar sin depender de la ventanilla. Aseguró que "los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día" y añadió que "desde hace años contamos con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla".
Del lado sindical, el ajuste se traduce en una señal concreta: el cierre de más de 40 sucursales en las últimas semanas, además de un plan más amplio que, según la seccional Rosario, apunta a reducir decenas de puntos de atención en todo el país.
El conflicto se disparó, justamente, por el anuncio de cierre de dos filiales en el Gran Rosario, en el sur de Santa Fe, "con el despido de trabajadores y trabajadoras". El dirigente Sergio Rivolta afirmó que la intención del banco "es cerrar 36 sucursales a nivel país, dos de las cuales pertenecen a la seccional Rosario, por lo que se declaró el estado de alerta y movilización en defensa de los puestos de trabajo".

En la misma audiencia, Sergio Palazzo encabezó la delegación gremial y apuntó contra las medidas adoptadas por la entidad. La Bancaria sostuvo que el Santander "continúan adoptando diversas medidas que afectan gravemente los derechos laborales y salariales de las y los trabajadores" y denunció que "en las últimas semanas, la empresa avanzó en el cierre de más de 40 sucursales, continúa impulsando despidos, y ha incurrido incluso en amenazas hacia dirigentes gremiales".
También dejó asentado un reclamo por la liquidación de haberes: el banco "ha procedido a modificar rubros en los recibos de sueldo, lo cual impacta de manera directa en la percepción salarial de las y los trabajadores, por lo que hemos solicitado a la secretaría de Trabajo inspecciones urgentes por tercerizaciones de tareas bancarias, entre otros tantos incumplimientos".
Las explicaciones de la entidad no desactivaron la escalada. El sindicato declaró alerta y movilización y avisó que discutirá nuevas acciones, aunque aclaró que cualquier medida de fuerza sería exclusiva contra Santander y no se extendería al resto del sistema bancario.
En ese marco, voceros gremiales advirtieron que "en caso de no obtener respuestas favorables, continuarán las asambleas y se profundizará el plan de lucha hasta tener una solución integral y satisfactoria para todos los trabajadores y trabajadoras".
La Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia el 12 de febrero, en una negociación que ya quedó atravesada por el avance del ajuste, la reconversión digital y el reclamo sindical por el impacto en puestos de trabajo y salarios.
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