Política. Javier Milei ordenó retirar al Estado de la causa por la deuda con el FMI y frenó la querella contra Mauricio Macri

El Gobierno Nacional formalizó la salida del Estado como parte acusadora en la causa penal que analizaba la toma y administración del crédito con el FMI durante 2018 y 2019. La decisión se plasmó en un decreto firmado en la noche del jueves, que le ordena a la Procuración del Tesoro cesar su rol de querellante contra Mauricio Macri y Luis "Toto" Caputo, en un expediente que había cobrado relevancia pública por el monto involucrado y por las controversias sobre el uso de esos fondos.

El decreto 87/26 y el retiro del Estado como querellante

La medida se instrumentó a través del decreto 87/26. En su artículo 2° se instruye a la Procuración "a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019".

Esa investigación se caratuló "Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros" y fue impulsada desde el Poder Ejecutivo en 2021: la querella criminal había sido anunciada por Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.

El archivo de la causa y la apelación del fiscal

La decisión del Gobierno se conoció pocos días después de que la jueza Capuchetti resolviera el archivo. En su fallo, sostuvo que "las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados". Por eso, dispuso el archivo de la causa.

El fiscal Picardi apeló esa determinación y cuestionó la fundamentación. Afirmó que la magistrada realizó "una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas". "Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación", aseveró.

Qué se investigaba: Congreso, reservas y fuga de divisas

El expediente tenía dos ejes centrales. Por un lado, un presunto incumplimiento de deberes de funcionario público por no consultar al Congreso sobre la conveniencia de tomar una deuda de magnitud generacional. Por otro, las denuncias sobre el supuesto uso de los fondos: que no habrían reforzado reservas, sino que se habrían aplicado al sostenimiento de un esquema que favoreció la fuga de capitales con un tipo de cambio bajo.

En esa línea, la investigación buscaba esclarecer si existió un "esquema defraudatorio" montado entre funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recordó que se contrajo deuda por USD 57100 millones "vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas".

Además, señaló que se destinaron "de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público".

"Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales", concluyó.

El informe de la Oficina Anticorrupción y las Lebacs

Dentro del expediente, la Oficina Anticorrupción aportó un informe con una mirada crítica sobre el destino de las divisas. Allí afirmó que "las divisas (del préstamo del FMI) fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos (deber de probidad)".

La lectura política: Macri, Caputo y el rol de Sturzenegger

La salida del Estado de la causa se produjo apenas 72 horas después del archivo dispuesto por Capuchetti, en un movimiento que reavivó lecturas políticas. Según se señaló en el texto, fuentes del entorno de la decisión explicaron que la intención no habría sido beneficiar a Macri sino al ministro de Economía y al titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, ambos con participación en el gabinete de la gestión anterior y con roles vinculados a aquella negociación.

También se recordó que, antes de llegar a la Presidencia, Milei había sido un crítico severo del préstamo tomado con el FMI durante la administración de Macri.

Qué cambia a partir del decreto

Con la instrucción a la Procuración del Tesoro, el Estado deja de actuar como querellante particular en una causa que apuntaba a determinar responsabilidades sobre la toma del empréstito, el manejo de las divisas y la eventual existencia de un esquema defraudatorio. La continuidad del expediente, en el marco de la apelación del fiscal, queda atada a la decisión que adopten las instancias judiciales superiores frente al archivo dispuesto.