Política. ¿Cierra la TV Pública?: Adorni confirmó un recorte del 20% en puestos de trabajo

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, afirmó que existe la posibilidad de cerrar la Televisión Pública argentina, aunque aclaró que en el corto plazo la estrategia oficial es modificar su nombre institucional y continuar un proceso de ajuste del gasto. "Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener que privatizarla. Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre", sostuvo Adorni durante un streaming en el que abordó la situación del canal estatal.

En ese mismo pasaje de la entrevista, el funcionario subrayó que, si bien la ley no permite privatizar la señal, eso no impide "achicar el gasto" asociado a la estructura de la emisora. Según Adorni, el cambio de nombre tiene un carácter simbólico en el marco de la "nueva etapa" que promueve la actual gestión, y será acompañado por "retiros voluntarios y determinados procedimientos" para reducir la plantilla y los costos operativos.

La intervención estatal sobre la Televisión Pública se enmarca en una continuidad administrativa ya oficializada a través del Decreto 79/2026, que amplía la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) -que comprende tanto a la TV Pública como a Radio Nacional- hasta el 1º de febrero de 2027. Esta medida habilita las acciones ejecutivas que el Gobierno viene impulsando desde que asumió, con el objetivo de reconfigurar los medios públicos estatales.

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El plan de retiros voluntarios citado por Adorni está orientado a disminuir el número de trabajadores en los medios públicos. El objetivo oficial es reducir aproximadamente 500 puestos de trabajo, lo que representa cerca de un 20% del total de 2.400 empleados. El plan afecta tanto a periodistas, productores y personal administrativo de la Televisión Pública, donde se registra casi 1.300 empleados, como al conjunto de las más de 50 emisoras de Radio Nacional.

El Ejecutivo amplía el plan de retiros voluntarios para reducir el gasto en medios estatales en medio de la intervención ampliada hasta 2027.

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Desde diferentes organizaciones sindicales vinculadas al sector -incluidos SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo- se señaló que los salarios han estado prácticamente congelados desde agosto de 2024, lo que a juicio de los gremios implicó una pérdida significativa del poder adquisitivo, llevando a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Estas entidades rechazaron con firmeza la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo y alertaron que podría generar un "daño irreversible" en los medios públicos.

Consultado sobre el eventual cierre de la señal y la posibilidad de que cambie de identidad, Adorni insistió en diferenciar entre una privatización -que a su entender está vedada por la ley- y un ajuste de estructura y gasto. Por ahora, el foco oficial se centra en mostrar que, bajo la nueva administración, el canal estatal tendrá un nombre diferente y operará con una menor dotación de personal y costos ajustados, según las prioridades planteadas por el Gobierno.