11 de febrero de 2026
La falta de una propuesta concreta por parte del Gobierno provincial para destrabar el conflicto, junto con el abandono de servicios por parte de varios efectivos, derivó en la apertura de actuaciones administrativas y la separación de agentes de sus funciones, en un contexto de fuerte tensión institucional.
La protesta de la Policía de Santa Fe por mejoras salariales y condiciones laborales escaló con quema de gomas y sirenazos, y una reunión clave con el Gobierno provincial fracasó al no concretarse una
Desde la noche del lunes, un sector de la Policía de Santa Fe concentra sus protestas frente a la Jefatura de Policía en Rosario, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales, en una movilización que ya lleva más de 24 horas y que se replicó también frente a la Casa de Gobierno provincial en la capital de Santa Fe.
La protesta comenzó cuando un grupo de agentes vestidos de civil, acompañados de familiares, se congregó frente a la Jefatura para expresar su descontento con la política salarial vigente y las condiciones de trabajo, en un reclamo que, según los manifestantes, persigue una recomposición salarial integral para todos los integrantes de la fuerza.
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Cerca de la medianoche, el conflicto escaló: efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes, lo que provocó disturbios y llevó a que varios agentes que estaban patrullando se sumaran a la protesta. En algunos casos retiraron sus unidades, bloquearon calles con patrulleros y motos oficiales, y se registraron episodios de quema de gomas y un fuerte "sirenazo" frente a la Jefatura de Rosario, señalando su rechazo a la falta de avances en las negociaciones con las autoridades provinciales.
El ministro de Seguridad confirmó que se iniciaron actuaciones administrativas y pases a disponibilidad de agentes tras la paralización de unidades, mientras los manifestantes exigen una recomposición salarial integral.
La expectativa por una reunión entre los delegados que representan a los policías y los funcionarios del Gobierno provincial se avivó durante la tarde del martes, pero terminó por frustrarse: el encuentro, inicialmente programado para las 15 y luego pospuesto para las 18, no llegó a concretarse. Ante los medios, el abogado que representa a los agentes, Gabriel Sarla, declaró: "Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro. No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta". "Si se comunican, habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente", agregó, reflejando el desencuentro entre las partes.
Por su parte, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró ante la prensa que el Ejecutivo comparte "las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe" y calificó el reclamo como "legítimo, atendible, casi en su totalidad". Sin embargo, también advirtió sobre la aparición de "determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas" con "el objetivo de desestabilizar el despliegue preventivo".
Cococcioni detalló que durante la protesta se observaron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales, afirmando: "No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas". Añadió que estos hechos se consideraron un incumplimiento de los deberes funcionales por parte de los agentes.
Como consecuencia de estas conductas, las autoridades provinciales decidieron abrir actuaciones administrativas y proceder con el pase a disponibilidad de aproximadamente veinte funcionarios de la fuerza, retirándoles además armas reglamentarias y chalecos antibalas. El ministro también mencionó que se coordinaron acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar eventuales ilícitos penales vinculados a los incidentes registrados durante las protestas.
La protesta, aunque con un origen en el reclamo salarial, también abarca demandas por mejores condiciones laborales, incluyendo horarios de trabajo, descanso adecuado y atención a la salud mental del personal, un tema que cobró relevancia tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como "Chimi", quien enfrentaba problemas psicológicos y contaba con carpeta médica.
Mientras tanto, en el marco de esta situación de tensión, algunos analistas y observadores políticos expresan preocupación por un posible "efecto contagio" en otras jurisdicciones, señalando que miembros de fuerzas policiales en provincias vecinas planean manifestaciones pacíficas frente a sus respectivos gobiernos, aunque sin uniformes ni armamento, en apoyo a reclamos similares.
A lo largo de la jornada, los sirenazos, la quema de gomas y la concentración de patrulleros fuera de servicio se convirtieron en símbolos visibles de una protesta que sigue sin resolverse. Tanto los manifestantes como las autoridades provinciales se mantienen en una posición de espera, con el conflicto abierto y la mesa de diálogo interrumpida, mientras la sociedad observa la evolución de una crisis institucional que impacta directamente en la seguridad pública de la provincia.
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