Política. Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil: imputabilidad desde los 14 y penas de hasta 15 años para delitos graves

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich se aprobó con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones.

El oficialismo reunió apoyos de una coalición amplia: acompañaron el texto bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical y otras bancadas federales y provinciales. El peronismo, en tanto, rechazó la iniciativa en la votación general, aunque la discusión artículo por artículo mostró matices internos.

En el tramo "en particular", legisladores del Frente Renovador avalaron la baja de la punibilidad a los 14 y argumentaron que buscaron "respetar la posición histórica del espacio", que en 2015 había presentado un proyecto de Código Penal con ese umbral.

Qué establece la reforma: penas máximas, alternativas y ejecución especializada

El nuevo régimen fija una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Para infracciones con condenas menores a 10 años, contempla un abanico de penas alternativas, entre ellas amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

La iniciativa también pone énfasis en la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantías de educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. El texto establece que el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y prohíbe de manera expresa cualquier convivencia con detenidos mayores.

Sobre ese punto, la diputada Laura Rodríguez Machado sostuvo que la redacción de algunos artículos fue ajustada para que "no se preste a confusión" la prohibición total de alojar a menores con adultos.

Mediación penal juvenil y rol de las víctimas

El proyecto habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con participación obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro eje central es el reconocimiento expreso de las víctimas en el proceso penal juvenil: la ley garantiza su derecho a ser informadas, ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Al abrir el debate, Rodríguez Machado apuntó contra el régimen vigente desde 1980 y afirmó que "no previene, no resocializa y no repara", además de no brindar respuestas a las víctimas. También advirtió que el sistema actual deja a muchos jóvenes "en un limbo", sin debido proceso ni políticas de resocialización, lo que favorecería la captación por organizaciones criminales.

Cruces en el recinto: salud mental, consumos y "Estado presente"

Desde el peronismo, Juan Grabois cuestionó el enfoque punitivo y sostuvo: "La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad". En esa línea, pidió priorizar salud mental y consumos problemáticos, y reclamó herramientas para la internación de adolescentes en crisis: "Las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique".

También desde ese espacio, Juan Carlos Molina planteó: "¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?".

Del lado libertario, Santiago Santurio defendió la medida y afirmó: "No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas... No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado".

Presupuesto, advertencias de gobernadores y la frase de Pichetto

En la última versión, el Gobierno incorporó un artículo con partidas para la implementación del régimen: $23.739.155.303 en total, con $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado llegó después de que gobernadores advirtieran que no acompañarían si los costos recaían sobre las provincias.

En ese marco, Miguel Ángel Pichetto apoyó la baja, pero dejó una advertencia: "La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad".

Con la media sanción en Diputados, el proyecto queda ahora a la espera del Senado, donde la discusión promete reabrirse alrededor de dos preguntas clave: el alcance real de la respuesta penal y si habrá recursos, institutos adecuados y equipos especializados para sostener el nuevo sistema.