12 de febrero de 2026
Aún no hay fecha de inicio del juicio: esperan un peritaje clave sobre el retorno de fondos de Báez y López.
Según
las ultimas noticias se definió al tercer juez del Tribunal Oral Federal N°5
(TOF 5) que llevará adelante el juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces
contra Cristina Kirchner.
El
juez sorteado es Fernando Machado Pelloni, quien integra actualmente el
Tribunal Oral Federal N°3.
Este
es el tercer sorteo realizado para completar la integración del tribunal,
debido a excusaciones previas (como la de Rodrigo Giménez Uriburu, quien
participó en la causa Vialidad) y otras decisiones judiciales que demoraron el
proceso durante años.
Con
esta designación, el TOF 5 queda integrado por:
La
causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita
vinculadas a los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner (a
través de las sociedades Hotesur y Los Sauces), con acusados que incluyen a
Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y varios empresarios.
Este
avance permite que el tribunal quede formalmente constituido y pueda avanzar
hacia la definición de un cronograma para el inicio del debate oral, aunque aún
hay pericias pendientes (por ejemplo, sobre Los Sauces) que podrían demorar el
juicio.
La
causa Vialidad (oficialmente conocida como "Causa Vialidad Nacional"
o "Obra Pública en Santa Cruz") es uno de los casos judiciales más
relevantes contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Investiga
irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas viales en la
provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y
Cristina Kirchner (2007-2015).
La
investigación, iniciada en 2016 por una denuncia de Javier Iguacel (ex titular
de Vialidad Nacional), se centró en si hubo direccionamiento fraudulento de
fondos públicos hacia el empresario Lázaro Báez (cercano a la familia
Kirchner). Se adjudicaron 51 obras viales a empresas de Báez (principalmente
Austral Construcciones), representando alrededor del 79-80% de las obras viales
en Santa Cruz con fondos nacionales.
Las
irregularidades probadas incluyeron:
El
tribunal consideró que esto constituyó una maniobra fraudulenta que perjudicó
gravemente al Estado, desviando fondos en beneficio de Báez y, según la
sentencia, indirectamente de los Kirchner. Un elemento clave fue el Decreto
54/2009, calificado como "instrumento para la maniobra criminal", que
facilitó financiamiento opaco y ágil a través de un fideicomiso.
La
acusación original incluyó asociación ilícita (como jefa) y administración
fraudulenta agravada, pero finalmente se condenó solo por el segundo delito.
Sentencia
y confirmaciones
Otros
condenados:
Decomiso
y ejecución actual (febrero 2026)
Se
ordenó decomisar bienes para recuperar el perjuicio al Estado, actualizado a
aproximadamente 685.000 millones de pesos (unos 684.990 millones según fallos
recientes). Los condenados responden solidariamente.
Consecuencias
adicionales
La
causa es vista como emblemática de corrupción en obra pública durante el
kirchnerismo, con fallos que destacan pruebas documentales, periciales y
contextuales del direccionamiento.
La
defensa siempre alegó persecución política y falta de pruebas directas contra
CFK.
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