12 de febrero de 2026
El texto que avanzó en el Senado llegó recargado tras conversaciones con sindicatos, cámaras empresarias y el sector bancario. Ahora, la Cámara baja aparece como el próximo campo de batalla, con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad entre los puntos que podrían reescribirse.
La reforma laboral que impulsa el Gobierno entró en su etapa más delicada: la de las definiciones finas. El oficialismo consiguió un proyecto con 58 modificaciones respecto del borrador original, producto de una negociación intensa con actores del mundo del trabajo y la producción.
Con ese paquete, el objetivo político es llegar a Diputados con un texto lo suficientemente "cerrado" como para evitar que se desarme en el recinto, pero la oposición ya anticipa que buscará meter mano en artículos sensibles.
El cambio de fondo es estructural: la iniciativa redefine reglas del derecho laboral que van desde la negociación colectiva y la organización de la jornada de trabajo hasta el esquema de remuneraciones, vacaciones, registración y criterios para reducir la litigiosidad.
Uno de los ejes del proyecto toca la llamada ultraactividad y la jerarquía de los convenios. El texto establece que los acuerdos firmados en el ámbito de la empresa pasan a prevalecer sobre los convenios de nivel superior -sectoriales, regionales o nacionales-, bajo el argumento de acercar la negociación a la "realidad productiva".
Además, se elimina la ultraactividad automática e indefinida: una vez vencido el plazo pactado, el convenio pierde vigencia salvo que exista una prórroga expresa. En ese esquema, tras el vencimiento, rigen las condiciones del nuevo acuerdo que se cierre entre las partes.
En materia de jornada, la reforma incorpora el banco de horas, un mecanismo que permite distribuir el tiempo de trabajo de manera flexible dentro de un período determinado. La lógica es compensatoria: si en ciertos días se trabaja más, en otros se trabaja menos, sin que eso implique automáticamente el pago de horas extra, siempre que se respeten los límites legales y lo acordado en convenios.

El proyecto suma el concepto de salario dinámico, que habilita esquemas variables vinculados a productividad, rendimiento o resultados. La letra del texto aclara que no se eliminan el salario básico de convenio ni los pisos salariales, sino que se incorpora esta modalidad como un complemento posible, sujeto a lo que definan convenios colectivos o acuerdos específicos.
Otro punto de modernización aparece en el capítulo de vacaciones. Se mantiene el derecho al descanso anual, pero se habilitan esquemas de fraccionamiento del período vacacional según lo pactado en convenios o acuerdos entre partes. La intención declarada es ajustar la modalidad de otorgamiento a necesidades productivas y organizativas de cada actividad.
En el régimen de indemnización por despido, el proyecto ratifica el esquema tradicional de un salario por año trabajado y descarta su eliminación. Sin embargo, el artículo que concentró mayor polémica es la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
La norma lo plantea como un instrumento para cubrir contingencias e indemnizaciones, pensado como una previsión para empleadores, pero sin sustituir el derecho del trabajador a cobrar la indemnización correspondiente. Justamente por ese alcance y por su impacto práctico, es uno de los puntos donde la oposición busca introducir modificaciones cuando el texto llegue a Diputados.

El texto incluye cambios orientados a reducir la litigiosidad y aumentar la previsibilidad de los juicios. Propone criterios más claros para la determinación de montos y busca acotar la discrecionalidad en la aplicación de multas y sanciones, sin eliminar el acceso a la Justicia ni el derecho del trabajador a reclamar.
La reforma también se mete en los aportes sindicales. La cuota sindical pasa a ser voluntaria y requiere autorización expresa del trabajador. A la vez, se mantiene el sistema de representación gremial y no se introducen cambios sobre el financiamiento de las obras sociales sindicales, que seguirán recibiendo el aporte correspondiente.
El proyecto incorpora un capítulo sobre trabajo en plataformas digitales. Reconoce esas modalidades y habilita que la regulación específica se defina mediante convenios colectivos, sin fijar un encuadre único obligatorio para todas las actividades. La definición de derechos y obligaciones queda atada a la negociación colectiva según cada caso.

En el tramo final aparece uno de los agregados más controversiales: el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, incorporado como anexo. La decisión promete conflicto político y técnico, y podría ser moneda de cambio en la negociación de la Cámara baja.
Con el Congreso entrando en una ventana ajustada -y el reloj corriendo hacia el inicio del período ordinario-, el oficialismo pretende que la discusión en Diputados no desarme el delicado equilibrio alcanzado con los 58 cambios. La oposición, en cambio, apunta a abrir el texto artículo por artículo, con el FAL y el anexo de justicia laboral como los blancos principales.
Si el Gobierno logra sostener la arquitectura del proyecto, podrá encarar el tramo final del proceso legislativo con una reforma laboral que cambia reglas de negociación, jornada, remuneraciones y financiamiento sindical. Si no, el debate puede reabrirse de lleno y convertir la votación en Diputados en una pulseada más larga -y más impredecible- de lo que la Casa Rosada planea.
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