Sucesos. Violencia extrema en el Congreso: Gobierno denunciará por terrorismo a responsables de caos y agresiones

El Gobierno argentino confirmó que presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los incidentes violentos ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante la protesta contra la reforma laboral (que se debatía en el Senado y obtuvo media sanción).

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo anunció en diálogo con Radio Mitre este viernes 13 de febrero. Destacó que los disturbios incluyeron el lanzamiento de bombas Molotov, piedrazos, bulones y otros elementos contra las fuerzas de seguridad, lo que calificó como "violencia extrema" con intención de generar caos, muerte y desestabilizar el orden institucional.

La denuncia se presentará en el fuero federal invocando la Ley Antiterrorista N°26.734, que agrava las penas cuando los delitos buscan sembrar terror en la población o forzar decisiones de autoridades públicas.

Monteoliva enfatizó: "Una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos".

Hasta el momento se reportan más de 70 detenidos (algunas fuentes mencionan al menos 37 en las primeras horas), y el Gobierno identificó a 17 personas como participantes directos en los actos violentos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldó la medida en redes sociales: "Agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga".

La protesta fue convocada por sindicatos (como la CGT) y organizaciones de izquierda en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Los incidentes se produjeron el 11-12 de febrero, con enfrentamientos que incluyeron destrozos, uso de cañones de agua por parte de la policía y heridos (varios efectivos y manifestantes).

Hay versiones encontradas: mientras el oficialismo habla de acciones organizadas para desestabilizar, sectores opositores denuncian posible presencia de "infiltrados" o provocadores. La causa pasará a la Justicia federal con posibles penas más severas bajo la figura de terrorismo.