14 de febrero de 2026
La solicitud apunta a frenar el uso de teléfonos para coordinar robos violentos, ordenar ataques y mover dinero desde prisión. El planteo incluye bloqueadores de señal en penales y un refuerzo de controles para cortar la logística del delito.
El fiscal Patricio Ferrari, a cargo de una investigación en San Isidro, reclamó a la Justicia que se avance con una medida de alto impacto en el sistema penitenciario: la prohibición del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, con foco en la "Banda del Millón", una organización delictiva que habría operado en la zona norte del conurbano.
Según trascendió, el planteo del fiscal se apoya en una hipótesis central: aun privados de la libertad, algunos internos mantienen capacidad operativa para sostener el circuito delictivo, coordinando movimientos y decisiones desde los propios penales.
En ese marco, Ferrari puso el acento en el rol de los celulares como herramienta para sostener el mando y la logística, especialmente dentro de la "Banda del Millón".
En el expediente aparecen 40 detenidos, señalados como integrantes de la banda. Están acusados de dos homicidios y de una larga secuencia de robos violentos en el norte del conurbano. De acuerdo con lo expuesto en la investigación, además, se habría recurrido al uso de menores de edad, bajo coordinación de líderes que ya estaban encarcelados.

Además de pedir la prohibición del acceso a teléfonos, el fiscal solicitó medidas concretas para endurecer el control cotidiano: requisas diarias y la instalación de bloqueadores de señal en los establecimientos penitenciarios. El objetivo es impedir que los internos mantengan comunicaciones activas y que continúen dirigiendo hechos delictivos a distancia.
El eje del planteo quedó resumido en la advertencia que presentó el fiscal ante la Justicia: los presos "planifican, dirigen y ejecutan delitos graves desde los propios establecimientos penitenciarios". Según su argumento, los celulares se usan para coordinar asaltos y, en algunos casos, hasta para recibir transferencias bancarias, lo que refuerza la idea de que la actividad criminal no se corta automáticamente con el encierro.
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