Política. Reforma laboral: el oficialismo acelera en Diputados y la oposición admite que quiere estirar los tiempos

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una semana de máxima tensión política: el oficialismo busca firmar dictamen en comisión y llevar el proyecto de Reforma Laboral al recinto de inmediato, mientras la oposición explora la forma de dilatar el debate y empujar la definición hacia el borde del calendario, con el objetivo de que el Presidente no llegue con la ley aprobada a la Asamblea Legislativa.

El plan del oficialismo para votar el jueves

Según el esquema que maneja el bloque de La Libertad Avanza, el paso previo es el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, convocado para el miércoles a las 14, con la intención de emitir un dictamen de mayoría y tratar el proyecto al día siguiente en el recinto.

El apuro tiene una explicación práctica y otra política. La primera es el cronograma: las sesiones extraordinarias concluyen el 28 de febrero y, si el texto sufre cambios en la Cámara baja, debería volver al Senado para revisar correcciones antes del cierre. La segunda es el simbolismo: en el Gobierno consideran que esta norma funciona como bandera de la llamada "modernización" del mundo del trabajo.

Lo que llega del Senado: un texto con decenas de cambios

El oficialismo sostiene que el Senado ya "limpió" parte del camino, porque la media sanción se consiguió luego de introducir más de una treintena de modificaciones para alinear a aliados. Sin embargo, la propia dinámica del giro a Diputados exhibe el nivel de detalle pendiente: el dictamen trabajado en diciembre acumuló alrededor de 50 cambios, lo que obligó a reordenar la versión final y reactivar el trámite apenas comenzó la semana hábil.

Los puntos que la oposición quiere reescribir

Aunque reconoce avances sobre el texto que venía discutiéndose, la oposición busca tocar artículos sensibles y, sobre todo, tachar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que funcionaría como una herramienta para cubrir indemnizaciones con recursos que provendrían de parte de las cargas patronales.

El cuestionamiento central es fiscal y político: para los bloques críticos, el diseño del FAL implicaría que, a cambio de la adhesión empresarial, se reduzca una alícuota de contribuciones patronales y que esa merma termine impactando en recursos que hoy se asocian a la ANSES, interpretado como un esquema de subsidio indirecto al costo de los despidos sin causa.

Otro foco de conflicto es el artículo que reduce al 50% el goce del salario durante los primeros tres meses de licencia por enfermedad o accidentes no laborales, un punto que la oposición considera regresivo y de difícil defensa pública.

También aparece resistencia frente a la derogación de estatutos profesionales, con énfasis en el estatuto del periodista, y al artículo que suprime un fondo de financiamiento vinculado al INCAA, que suma ruido en un debate que, en teoría, es estrictamente laboral.

La pelea por el calendario y el fantasma del "ida y vuelta" con el Senado

En el oficialismo repiten que el apuro no es caprichoso: temen que, si Diputados introduce correcciones, el proyecto quede atrapado en un circuito de revisión sin tiempo material para resolverse antes de que terminen las extraordinarias y antes del discurso presidencial del 1 de marzo.

Del otro lado, algunos bloques opositores admiten que la estrategia es llevar la discusión al límite. "Estamos trabajando en eso. La idea es estirar los tiempos", confesó un diputado del interbloque Unidos ante la Agencia Noticias Argentinas.

En esa lógica, la oposición baraja la posibilidad de forzar que la sesión se realice recién hacia el miércoles 25 de febrero y empujar cambios que obliguen a reabrir el trámite en la Cámara alta, con la mira puesta en complicar el objetivo político del Gobierno.

Qué busca Milei para la Asamblea Legislativa

En la Casa Rosada asumen que el Presidente quiere llegar al 1 de marzo con una serie de hitos legislativos cerrados, especialmente la norma que define como de "modernización" laboral. En el esquema oficial, ese logro serviría para mostrar capacidad de construcción parlamentaria, sostener el relato de reformas estructurales y enviar una señal de confianza al mercado.

En resumen, la disputa no es sólo por el contenido del articulado: también es por el timing, la foto y el mensaje político que el Gobierno pretende instalar cuando se inauguren las sesiones ordinarias.