16 de febrero de 2026

País

País. CGT confirma paro general de 24 horas el día que Diputados trate la reforma laboral

Es el cuarto paro general contra la gestión Milei. La central obrera rechaza cambios en indemnizaciones, jornada laboral, huelgas en servicios esenciales y más. Las fechas tentativas sería este jueves 19 de febrero (si sesiona esta semana) o el miércoles 25 de febrero (si necesitan más negociaciones). El impacto es fuerte: adhesión total de gremios del transporte (UTA incluida) lo que implica colectivos, trenes y subtes parados en todo el país.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes 16 de febrero un paro general de 24 horas sin movilización callejera, programado específicamente para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La decisión fue tomada por el Consejo Directivo de la CGT en una reunión virtual.

Será un paro nacional de actividades durante 24 horas, con adhesión esperada de gremios clave del transporte (incluyendo la UTA, que nuclea a los colectiveros, lo que podría paralizar el transporte público de pasajeros y generar un impacto fuerte).

Se espera que sea este jueves 19 de febrero (si Diputados sesiona ese día) o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del cronograma legislativo.

El oficialismo busca acelerar el tratamiento, pero podría requerir negociaciones con aliados.

La CGT optó por no convocar marchas o concentraciones callejeras organizadas por la central, aunque algunos sectores sindicales podrían movilizarse de forma independiente.

El motivo principal del paro es el rechazo a la reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado. La CGT critica aspectos como cambios en indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, derecho a huelga (especialmente en servicios esenciales) y licencias por enfermedad, considerándolos una "quita de derechos" para los trabajadores.

Este sería el cuarto paro general contra la gestión de Milei, en un contexto de endurecimiento de la relación entre el sindicalismo y el gobierno libertario.

La central obrera planea dar más precisiones en las próximas horas o días, posiblemente con una conferencia de prensa.

Cabe recordar que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, conocida oficialmente como Ley de Modernización Laboral, ya obtuvo media sanción en el Senado el 12 de febrero (con 42 votos a favor y 30 en contra, tras más de 50-60 modificaciones negociadas).

Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento, donde podría haber ajustes adicionales antes de convertirse en ley.

El proyecto modifica principalmente la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20.744), la Ley de Asociaciones Sindicales y otros regímenes relacionados. El objetivo declarado es "modernizar" el marco laboral para fomentar la contratación, reducir costos a las empresas y formalizar empleo, aunque la CGT y otros sectores lo critican como una "quita de derechos históricos" y precarización.


Principales cambios clave del proyecto (versión aprobada en Senado, que llega a Diputados):

Ámbito de aplicación de la LCT

  • Se redefine y excluye explícitamente a: Empleados públicos (salvo inclusión expresa).
  • Personal de casas particulares (excepto normas específicas).
  • Trabajadores agrarios (supletorio).
  • Contratos civiles/comerciales (obra, servicios, agencia, etc.).
  • Trabajadores independientes y colaboradores (art. 97 Ley Bases).
  • Prestadores de plataformas digitales (regulación específica).
  • Personal embarcado y personas privadas de libertad.
  • Esto reduce el alcance de la protección laboral tradicional.


Indemnizaciones por despido

  • Reducción de la base de cálculo: se excluyen vacaciones, aguinaldo (SAC), propinas, premios y otros conceptos no remunerativos fijos.
  • Tope a la base indemnizatoria: no superior a 3 veces el salario promedio del convenio aplicable (con piso del 67%).
  • Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con aportes patronales (hasta 3% de la masa salarial, en reemplazo parcial de aportes a Seguridad Social), para cubrir indemnizaciones y reducir litigiosidad.
  • Posibilidad de pago en cuotas de juicios laborales.

Jornada laboral y horas extras

  • Ampliación posible de la jornada diaria máxima de 8 a 12 horas, siempre respetando 12 horas de descanso entre jornadas.
  • Banco de horas ampliado: compensación de horas extras con descanso o pago diferido (por acuerdo individual o colectivo).
  • Flexibilización en acuerdos por empresa o sector.

Vacaciones y licencias

  • Posibilidad de fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de 7 días (por acuerdo).
  • Cambios en licencias por enfermedad/incapacidad: en algunos casos, pago reducido al 75% o menos si se considera "actividad voluntaria y consciente del riesgo" (punto muy polémico, introducido en modificaciones finales).

Negociación colectiva y sindicatos

  • Prevalencia de convenios por empresa sobre los sectoriales, regionales o nacionales (fin de la ultraactividad automática en algunos casos).
  • Tope a aportes solidarios y cuotas gremiales (negociado para no recortar drásticamente fondos sindicales).
  • Restricciones al derecho de huelga: ampliación de servicios esenciales (con obligación de guardias mínimas), requisitos para asambleas y limitación de horas pagas a delegados (máximo 10 horas mensuales).

Salarios y pagos

  • Posibilidad de salario dinámico (por mérito, productividad, acordado en convenio o decisión empresarial).
  • Pago en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos (con límites).
  • Exclusividad de entidades bancarias para pago de haberes (se eliminó billeteras virtuales en negociaciones).


Otros puntos relevantes

  • Promoción de formación profesional como derecho fundamental.
  • Blanqueo laboral y formalización (incentivos para regularizar).
  • Regulación específica para plataformas digitales y trabajadores independientes.
  • Vigencia progresiva (algunos artículos desde junio 2026).

Rechazo de la CGT y sectores opositores

  • La central obrera califica la reforma como "anticonstitucional" y de "carga ideológica maliciosa", argumentando que:
  • Abarca despidos y reduce indemnizaciones.
  • Extiende jornadas y precariza condiciones.
  • Limita huelga y negociación colectiva (rompe el modelo sindical).
  • No genera empleo real, solo precarización.
  • Puntos más criticados: fondo FAL (desvío de aportes jubilatorios), recorte en licencias médicas, fin de ultraactividad y prevalencia de acuerdos empresa.

El Gobierno sostiene que moderniza un régimen "obsoleto" desde 1974, reduce litigiosidad y fomenta inversión/empleo. Si Diputados introduce cambios significativos, podría volver al Senado.

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