19 de febrero de 2026

Política

Política. Tras el paro general, la CGT anunció que judicializará la reforma laboral

Jorge Sola, secretario general de la central obrera, sostuvo que el sindicalismo llevará el tema a tribunales si el Congreso convierte el proyecto en ley. Dijo que se vulneran el artículo 14 bis y el principio de no regresividad, y apuntó contra cambios en indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales.

La CGT volvió a endurecer su postura frente a la reforma laboral y adelantó que, si el Congreso aprueba el proyecto, abrirá una etapa de conflicto por la vía judicial. El secretario general Jorge Sola ratificó el rechazo total de la central y afirmó que la discusión no termina con el paro.

La advertencia de Jorge Sola: "La vamos a judicializar"

Sola confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. "La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales", afirmó.

En una entrevista, el dirigente defendió la estrategia de la central obrera: "Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción".

Rechazo total y críticas al clima social

El secretario general insistió en que la postura de la CGT es de rechazo absoluto a la iniciativa. "No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza".

También buscó correrse de una lectura partidaria: "No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social".

Falta de diálogo y objetivo del paro

Consultado por si la huelga busca influir en el Congreso, Sola respondió: "Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses".

Y defendió la legitimidad de la protesta: "Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social".

Indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales: los puntos en disputa

Sola enumeró los ejes que considera regresivos de la reforma laboral y cuestionó el encuadre del oficialismo: "No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares".

Sobre los convenios por empresa, advirtió: "Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores".

En cuanto al banco de horas, alertó: "Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: 'No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción'. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida".

Qué viene después: plan de acción y judicialización

Al evaluar el paro, Sola sostuvo: "Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto".

Y anticipó que el conflicto seguirá si el Congreso convierte el texto en ley: "No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley".

Finalmente, reforzó el argumento constitucional y convencional: "Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel".

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