21 de febrero de 2026
El presidente de Estados Unidos anunció una nueva escalada en su política proteccionista luego del fallo judicial que cuestionó parte de su esquema de gravámenes. La medida abre un frente de incertidumbre para el comercio internacional y anticipa más litigios por posibles reembolsos millonarios.
Listado. Trump al presentar los aranceles originales, vetados por la Corte Suprema estadounidense.
La política comercial de Donald Trump volvió a ser noticia este sábado con un anuncio que sacudió a los mercados y a los socios de Estados Unidos. Luego del revés que recibió en la Corte Suprema, el mandatario informó una suba inmediata de los aranceles globales del 10% al 15%, en una señal de confrontación abierta con el fallo judicial y con su estrategia de presión sobre las importaciones.
A través de su red social, Trump comunicó la decisión con duros términos contra la sentencia. "Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior hasta el nivel totalmente autorizado del 15%", escribió. Además, calificó la resolución como "ridículo" y "extraordinariamente antiestadounidense".
La decisión llega apenas un día después de que, desde el Despacho Oval, Trump firmara una orden ejecutiva con un arancel global del 10%, con entrada en vigencia prevista para el 24 de febrero y una duración inicial de 150 días.
Ese esquema contemplaba exenciones sectoriales, entre ellas la industria farmacéutica y los bienes que ingresan bajo el acuerdo con México y Canadá. Sin embargo, el nuevo anuncio eleva la presión y endurece el tono de la ofensiva comercial de la Casa Blanca.
Según lo comunicado oficialmente, la nueva tasa alcanza a países y bloques con acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, incluso en casos donde ya se habían negociado topes.
El movimiento de Trump se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara parte del andamiaje arancelario impulsado por el republicano bajo el argumento de una emergencia económica.
La sentencia, aprobada por seis de nueve jueces, sostuvo que la facultad para fijar este tipo de gravámenes corresponde al Congreso estadounidense y no puede quedar librada a una invocación amplia del Poder Ejecutivo sin respaldo legislativo claro.
En ese marco, el presidente del tribunal, John Roberts, dejó asentado que la Casa Blanca debe demostrar una autorización explícita del Congreso para avanzar con medidas de ese alcance.
El fallo fue seguido con atención por los principales socios comerciales de Washington. En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron celebró la decisión judicial y destacó el funcionamiento de los "controles y contrapesos en las democracias".
También planteó la necesidad de sostener reglas previsibles en el comercio internacional: "Queremos seguir exportando bajo normas justas y no estar sujetos a decisiones unilaterales".
El nuevo giro de Trump, sin embargo, reintroduce incertidumbre sobre la hoja de ruta de la guerra comercial y complica la previsibilidad para empresas importadoras y exportadoras que operan con Estados Unidos.
Otro punto sensible que abrió la sentencia es el de los reembolsos por aranceles ya cobrados. Consultado sobre ese escenario, Trump afirmó que la Corte "no abordó esa cuestión" y anticipó que el tema podría derivar en litigios de larga duración.
Analistas estiman que los gravámenes alcanzados por la disputa judicial habrían generado una recaudación superior a u$s130.000 millones en 2025, una cifra que podría convertirse en el centro de una batalla legal y fiscal de gran escala.
Uno de los jueces disidentes, Brett Kavanaugh, advirtió sobre ese riesgo al señalar que la falta de definiciones concretas podría derivar en "un caos" judicial.
Los aranceles habían sido presentados originalmente como una herramienta para penalizar a países con los que Estados Unidos mantiene déficit comercial y, al mismo tiempo, generar recursos fiscales para compensar recortes impositivos.
Con esta nueva suba al 15%, Trump ratifica que la agenda arancelaria seguirá siendo uno de los ejes centrales de su política económica, aun frente a cuestionamientos judiciales y resistencias internacionales.
La decisión, además, marca una nueva fase de tensión entre la Casa Blanca, el Poder Judicial y los socios comerciales de Washington, con impacto directo en el comercio global y en las expectativas del sector privado.
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